La Fiscalía del TPI aprecia pruebas de crímenes contra la humanidad atribuidos a Duterte

La Fiscalía del TPI ve indicios suficientes para vincular a Rodrigo Duterte con crímenes contra la humanidad por la guerra contra las drogas en Filipinas.

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Imagen de archivo de una protesta contra el expresidente Rodrigo Duterte. Kenosis Yap/ZUMA Press Wire/dpa

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La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmó este lunes que existen “indicios suficientes” que vinculan al exmandatario filipino Rodrigo Duterte con presuntos crímenes contra la humanidad, subrayando además que “los que ostentan el poder no están por encima de la ley”.

El fiscal Mame Mandiaye Niang señaló que Duterte, de 80 años, “haberse visto implicado de forma indirecta en las ejecuciones generalizadas y sistemáticas cometidas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019”, tanto en su etapa como alcalde de Dávao como posteriormente al frente de la Presidencia de Filipinas.

Niang precisó que las acusaciones por el asesinato de 78 personas --incluidos menores-- representan “tan solo una fracción de los asesinatos que se habrían cometido durante la llamada guerra contra las drogas”, una campaña que, de acuerdo con las propias cifras oficiales filipinas, dejó alrededor de 6.000 fallecidos.

El TPI ha estimado, por su parte, que el número total de civiles muertos en ese periodo podría oscilar entre 12.000 y 30.000. “Hoy es un día importante para la justicia internacional y el pueblo de Filipinas”, manifestó Niang, según declaraciones difundidas por la cadena de televisión ABS-CBN.

Estas declaraciones se produjeron coincidiendo con el inicio de las vistas preliminares previstas para esta semana, paso previo al juicio, en las que se procederá a la lectura detallada de todos los cargos formulados contra Duterte.

No obstante, el tribunal aceptó la petición de la defensa del exdirigente, que reclamó que pudiera ausentarse de estas sesiones. La corte determinó así que Duterte tiene derecho a decidir si asiste o no a dichas audiencias, pese a las objeciones planteadas por la Fiscalía y por los representantes de las víctimas.

La causa abierta por el TPI se sustenta en una denuncia registrada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la “guerra contra las drogas” impulsada por Duterte. En 2019, el entonces presidente reaccionó a las críticas procedentes de La Haya retirando de forma unilateral a Filipinas del TPI.