La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) comunicó este jueves que ha puesto en marcha una investigación formal sobre Bielorrusia por presuntos crímenes de lesa humanidad, en la que se incluyen persecución política, expulsiones forzosas y otras formas de persecución.
El examen preliminar del TPI se ha centrado en una denuncia registrada por Lituania en 2024, en su condición de país afectado por los hechos atribuidos a Minsk, “cometidos por las autoridades” y “alentados o aprobados por las más altas esferas del Gobierno”.
Según la Fiscalía, “existe fundamento razonable para creer que los actos coercitivos que condujeron a las deportaciones constituyeron una conducta contra opositores, reales o percibidos, del Gobierno de Bielorrusia, para cumplir o promover una política de Estado”.
El Ministerio Público del TPI también concluye que hay “una base razonable para creer que estos crímenes fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, considerando su gran escala, el número de víctimas y la naturaleza organizada de los actos”.
La causa se convierte así en uno de los escasos precedentes en los que un Estado parte del TPI señala ante la Corte a los dirigentes de un país vecino por la represión dentro de sus fronteras y por abusos cometidos en la zona fronteriza.
Lituania, junto con otros Estados limítrofes con Bielorrusia, lleva años denunciando que Minsk impulsa una “inmigración ilegal” como instrumento de guerra híbrida, en respuesta a su respaldo a Ucrania.