La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) sostuvo este martes que la campaña contra las drogas lanzada por el expresidente filipino Rodrigo Duterte, actualmente encarcelado en La Haya y acusado de crímenes de lesa humanidad, tuvo como principal blanco a personas con escasos recursos económicos.
El fiscal Edward Jeremy indicó que, en el segundo día de vistas preliminares y lectura de cargos contra Duterte, quien no acudió a la sala, se ha podido constatar que entre las miles de víctimas de la ofensiva antidroga desarrollada durante su mandato en Filipinas figuraban también menores de edad.
Según Jeremy, los dispositivos policiales se ejecutaban siguiendo instrucciones directas de Duterte, una afirmación que la defensa del exmandatario ha rechazado de plano. El fiscal evocó varios episodios significativos, entre ellos el del exalcalde de Albuera (en la isla de Leyte), Rolando Espinosa, incluido en la lista oficial de presuntos narcotraficantes del Ejecutivo.
“A pesar de encontrarse completamente rodeado por agentes de la Policía, acabó muerto, como pedía Duterte”, relató, de acuerdo con las declaraciones difundidas por el diario ‘The Philippine Star’. “Duterte no solo tenía objetivos políticos, también iba tras los pobres”, subrayó.
En la misma línea, Jeremy describió un “patrón claro” en las operaciones: “si un sospechoso aparecía en la lista de la Policía luego era hallado muerto con un arma cerca para que pareciera que había abierto fuego contra los agentes”. El fiscal precisó que algunos informes presentados eran un simple “copia y pega” y señalaban sistemáticamente a personas de bajos ingresos.
Además, advirtió de que en ciertos vídeos difundidos se ve a Duterte defendiendo “matar a niños” cuando estuvieran vinculados a la drogodependencia o al narcotráfico. “Es importante pararse aquí y entender lo que estamos escuchando. Este es el presidente de Filipinas, se está dirigiendo directamente a una multitud y les está pidiendo que maten a un niño simplemente por tener una adicción”, recalcó.
La causa del TPI se apoya en una denuncia presentada en 2018 por ONG y familiares de víctimas de la “guerra contra las drogas” de Duterte. Como respuesta a las críticas procedentes de La Haya, el propio exmandatario decidió retirar de forma unilateral a Filipinas del TPI en 2019.