La Fiscalía recurre y reclama cinco años de inhabilitación para Le Pen sin aplicación inmediata

La Fiscalía francesa reclama prisión e inhabilitación para Marine Le Pen por el presunto uso indebido de fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios.

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La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

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La Fiscalía francesa ha reclamado este martes, en el juicio en apelación contra la dirigente ultraderechista Marine Le Pen, una condena de cuatro años de cárcel, de los cuales uno se cumpliría en libertad vigilada, así como cinco años de inhabilitación sin ejecución inmediata, por el supuesto desvío de fondos europeos para sufragar salarios de personal de su partido, Agrupación Nacional (AN), entre 2004 y 2016.

Tras once jornadas de vista oral, los dos fiscales adjuntos, Stéphane Madoz-Blanchet y Thierry Ramonatxo, han solicitado que se impongan tres años de prisión efectiva y uno más en libertad vigilada, controlada mediante tobillera electrónica. Además, han reclamado una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación, de acuerdo con la información difundida por la cadena France Info.

La acusación pública ha optado por no pedir la ejecución provisional ni inmediata de la eventual condena, al no apreciar reincidencia en Le Pen. No obstante, hasta que la corte de apelación haga pública su decisión, previsiblemente en verano, el futuro político de la líder de extrema derecha y sus opciones de concurrir a las próximas presidenciales permanecen en el aire.

Si el tribunal de apelación confirma en lo esencial la posición de la Fiscalía, la jefa de Agrupación Nacional todavía podría recurrir ante el Tribunal de Casación y mantener su candidatura mientras no se haga efectiva la inhabilitación.

El Ministerio Público ha reclamado igualmente penas de prisión para otros once procesados vinculados a la causa, entre ellos el exdiputado europeo Fernand Le Rachinel, el también ex eurodiputado Bruno Gollnisch y el actual parlamentario Julien Odoul, entre otros implicados.

Según las pesquisas, Le Pen y el resto de acusados habrían desviado las dietas mensuales asignadas a los eurodiputados ultraderechistas en el Parlamento Europeo para financiar a asistentes parlamentarios, cubriendo en realidad costes de personal del partido, como escoltas y otros empleados. La finalidad habría sido aliviar la presión sobre las cuentas de la formación política.