La Fiscalía General de Colombia ha señalado este miércoles a la autodenominada Columna Dagoberto Ramos, facción de las disidencias de las FARC, como posible responsable del secuestro de la senadora indígena Aida Quilcué, integrante de la coalición oficialista Pacto Histórico, encabezada por el presidente Gustavo Petro. La parlamentaria fue posteriormente liberada junto a sus escoltas en el departamento del Cauca, en el sur del país.
El organismo dirigido por Luz Adriana Camargo, citado por el diario “El Tiempo” y la emisora Caracol, ha explicado que continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer cómo se produjo el secuestro y determinar el grado de implicación de este grupo armado en lo ocurrido con Quilcué.
La senadora, galardonada en 2021 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y elegida con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), presentó una denuncia formal ante las autoridades un día después de haber sido retenida junto a su equipo de seguridad cuando se desplazaban hacia el municipio de La Plata, Huila, rumbo a la ciudad de Popayán. En ese trayecto fueron interceptados por hombres “fuertemente” armados.
“Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido. Nos dijeron que los acompañáramos, que guardáramos silencio, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes”, relató tras ser hallada con vida por las autoridades colombianas, en unas declaraciones en las que denunció el “exterminio físico y cultural” de los pueblos indígenas y alertó del “riesgo” que afrontan otros cargos públicos.
Según recoge “El Tiempo”, también los miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que integraban el esquema de seguridad de la senadora cuando fueron retenidos han interpuesto la correspondiente denuncia por estos hechos.
Quilcué, que fue consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO, aseguró en 2022 haber recibido más de 100 amenazas de muerte. Su marido, Edwin Legarda, falleció por disparos de militares cuando se dirigía en coche hacia Popayán, en el departamento del Cauca, en diciembre de 2008, un suceso que fue duramente criticado por numerosas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional (AI).
Su relato se produce en un contexto de creciente alarma en el país por la seguridad de los dirigentes políticos, poco después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconociera su autoría en el atentado que hace unos días acabó con la vida de dos escoltas del senador Jairo Castellanos y atribuyera lo ocurrido a que su equipo de protección no respetó los controles que mantiene en Arauca para evitar enfrentamientos con otros grupos armados.