La Fiscalía especial de Corea del Sur ha solicitado este viernes una condena de 30 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol por su presunta implicación en una operación con drones sobre Corea del Norte, que habría servido como pretexto para su controvertida declaración de la ley marcial en diciembre de 2024.
El equipo del fiscal especial Cho Eun Suk presentó la petición durante la vista, basándose en cargos de “beneficiar al enemigo” por estas actuaciones. Por los mismos hechos, también ha reclamado una pena de 25 años de cárcel para el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
De acuerdo con la acusación, el despliegue de drones en octubre de 2024 habría tenido como finalidad provocar una respuesta militar de Pyongyang que Yoon podría utilizar para legitimar la proclamación de la ley marcial, posteriormente anulada y que desembocó en su destitución y encarcelamiento.
La Fiscalía advierte asimismo del riesgo derivado de la posible filtración de información sensible, después de que uno de los aparatos se estrellara en territorio norcoreano. Medios estatales de Corea del Norte difundieron posteriormente imágenes del dron siniestrado en Pyongyang.
Por este motivo, el Ministerio Público responsabiliza a los mandos implicados en la cadena de mando, “responsables de la vida y seguridad del pueblo”, de “intentar crear una situación de guerra en la península de Corea para generar las condiciones para la declaración de la ley marcial”. “Estos crímenes socavaron gravemente los intereses militares del país, incluidas amenazas actuales a la seguridad nacional”, concluye la acusación.
Con anterioridad, la Fiscalía especial ya había reclamado una pena de 20 años de cárcel para Yeo In Hyung, entonces jefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, y otra de cinco años de prisión para Kim Yong Dae, que en aquel momento dirigía el Mando de Operaciones con Drones, por su supuesta participación en este caso.
Yoon fue sentenciado en febrero a cadena perpetua tras ser hallado culpable de liderar una insurrección vinculada a la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. En ese fallo, el tribunal desestimó la petición de la Fiscalía de imponerle la pena de muerte.
El exmandatario ya había recibido anteriormente una condena de cinco años de cárcel por varios de los delitos asociados al expediente sobre la ley marcial, entre ellos obstrucción a la justicia --relacionada con su reiterado bloqueo a su propia detención--, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos oficiales.
La ley marcial decretada en diciembre de 2024 fue revocada pocas horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas posteriores, los parlamentarios votaron a favor de su destitución y, en abril de 2025, Yoon fue finalmente apartado del cargo después de que el Tribunal Constitucional ratificara el proceso de impeachment.