La guerra de Irán se ha consolidado como el desafío más serio a la estabilidad política de Irak desde la proclamación del califato del Estado Islámico a mediados de la década pasada. Tras años de choques de baja intensidad, las milicias proiraníes iraquíes, pieza clave del entramado de seguridad nacional, han acabado por enfrentarse abiertamente a Estados Unidos. Esta escalada amenaza con hacer saltar por los aires, al mismo tiempo, la ya complicada relación entre Bagdad y Washington y, en el peor escenario, la frágil arquitectura institucional del país.
Entre las numerosas milicias afines a Teherán, destaca por encima de todas la coalición de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP). Esta alianza fue creada en 2014 por la máxima autoridad religiosa chií de Irak, el clérigo Alí al Sistani, junto a la Guardia Revolucionaria iraní, con el objetivo de combatir al Estado Islámico en territorio iraquí. Con el paso del tiempo, las FMP han ido estrechando su relación con el aparato de seguridad hasta el punto de que el actual primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, ha impulsado sin éxito varias iniciativas para integrarlas de forma plena en la estructura oficial.
“Hoy en día”, dejó bien claro Al Sudani el mes pasado, “las FMP representan una fuerza fundamental que opera bajo la Constitución y la ley, y están comprometidas con las órdenes emitidas por las autoridades oficiales”.
La magnitud del poder acumulado por las FMP explica en buena medida la postura del primer ministro. Aunque las cifras varían, expertos internacionales calculan que agrupan alrededor de 150.000 combatientes y absorben una parte sustancial del presupuesto de seguridad de Irak, en torno a 3.000 millones de euros cada año.
Un actor incrustado en el Estado iraquí
Las FMP se han convertido en un elemento imprescindible del tejido político y social del país. Tal y como recuerda el centro de estudios Chatham House, sus milicias cuentan con partidos propios que concurren a las urnas, designan ministros y colocan a sus cuadros en altos puestos de la administración pública y de las instituciones estatales.
Su influencia se extiende igualmente a los gobiernos provinciales y a entidades no gubernamentales clave en la prestación de servicios y la gestión cotidiana, en un sistema donde el poder se reparte entre las tres grandes comunidades: suníes (presidencia de la República), chiíes (jefatura del Gobierno) y kurdos (presidencia del Parlamento). En este escenario volátil, las FMP han sabido incrustarse con notable habilidad: su aparente dispersión interna se compensa con una relación prácticamente “simbiótica”, según Chatham, con el Estado iraquí.
Para Estados Unidos, este entramado supone un problema de primer orden y no existe una estrategia clara para afrontarlo, menos aún en plena guerra de Irán. Un ejemplo ilustrativo se produjo el 26 de marzo, cuando Washington y Bagdad anunciaron por fin, tras meses de preparación, la creación de la Alta Comisión de Coordinación Conjunta, un órgano bilateral diseñado para contener la influencia de los grupos proiraníes. Solo en el mes anterior, y de acuerdo con los datos de la organización especializada en conflictos ACLED, estas facciones habían perpetrado 65 ataques contra bases estadounidenses y de la coalición internacional.
Horas después de la puesta en marcha de la comisión, Estados Unidos reanudó sus bombardeos contra cuarteles de las FMP en distintas zonas del país. Desde el inicio del conflicto en Irán, Washington e Israel han ejecutado unos 70 ataques contra instalaciones y posiciones militares vinculadas a al menos 15 grupos armados y unidades de las Fuerzas de Movilización Popular en Irak, según las mismas fuentes.
La comisión bilateral de marzo se suma a la larga lista de acuerdos suscritos entre ambos países desde la retirada progresiva de las tropas estadounidenses, enmarcada en el Acuerdo Marco Estratégico (SFA) de 2008, cinco años después de la invasión. Sin embargo, desde 2014 todos estos pactos chocan con el mismo obstáculo: Estados Unidos reclama la disolución de uno de los principales pilares de la seguridad interna iraquí, mientras que Al Sudani, un chií de perfil centrista, se enfrenta a crecientes dificultades para mantener el equilibrio, como reconocen incluso dirigentes cercanos a las FMP.
Escalada y legítima defensa
“Estamos ante una escalada bastante grave”, ha admitido Husein al Sheehan, miembro del brazo político de las milicias de la Liga de los Justos (Asaib Ahl al Haq), una de las formaciones más poderosas dentro de las FMP. “Por un lado hay un patrón constante de actuación unilateral de Estados Unidos, mientras que las facciones deben ejercer autocontrol, paciencia y respeto al Estado porque siguen siendo la mejor opción para evitar que Irak se vea arrastrado a un conflicto regional”, ha indicado a la agencia iraquí Shafaq.
La guerra de Irán ha obligado al Gobierno iraquí a maniobrar al límite. Tras la muerte de 15 combatientes proiraníes en un ataque en la provincia de Anbar, el Consejo Ministerial de Seguridad Nacional aprobó a finales de marzo una resolución que autoriza a todas las fuerzas de seguridad, incluidas las FMP, a “actuar bajo el principio de la legítima defensa” frente a cualquier agresión contra sus posiciones, ya sea por parte de aviones de combate o drones de EEUU e Israel.
Fuentes cercanas a las FMP interpretan esta decisión como un aval explícito del Ejecutivo a cualquier respuesta que las milicias decidan emprender. “Significa que las FMP”, explicaron al diario Al Hurra, “ya no necesitarán el permiso del Mando Central de Operaciones Conjuntas para responder a ningún ataque”.
En estas condiciones, las opciones de una desescalada real se alejan día tras día. Propuestas como levantar estructuras de seguridad paralelas se consideran inviables y el propio Ejército iraquí apenas cuenta como factor determinante. Las FMP rechazan integrarse por completo en las fuerzas regulares porque no precisan de esa fusión para legitimarse y no desean quedar sometidas a una cadena de mando militar única. Un eventual intento de emplear al Ejército como herramienta para disolverlas podría desencadenar de inmediato una guerra civil “a la sudanesa”.
Crisis política y futuro incierto
En este contexto, Al Sudani se ve obligado a ganar tiempo y a gestionar una doble contención: la de Washington y la de las milicias. La situación se complica aún más porque ejerce el cargo en funciones y su continuidad es dudosa; antes incluso de la guerra de Irán ya había mostrado su falta de entusiasmo por repetir mandato.
A finales del mes pasado, las principales facciones chiíes presentaron como candidato de consenso al jefe de la Comisión de Rendición de Cuentas y Justicia, Basim al Badri, para sustituirle como primer ministro. Sin embargo, el ex jefe de Gobierno Nuri al Maliki, uno de los nombres mejor posicionados para volver al poder pese al rechazo de Estados Unidos, que lo considera un dirigente sectario, se negó a respaldar públicamente esta candidatura.
El Parlamento iraquí ha fijado el 11 de abril para celebrar una sesión destinada a elegir presidente de la República, un paso imprescindible antes de designar al nuevo primer ministro. No obstante, estos plazos constitucionales se han incumplido con frecuencia durante las largas negociaciones para formar Gobierno en un país habituado al bloqueo político. La guerra de Irán amenaza con prolongar indefinidamente este limbo y añade el riesgo real de un estallido definitivo de violencia.