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La huelga de hambre de Palestine Action se convierte en la más prolongada en prisiones británicas desde la del IRA

Cuatro activistas de Palestine Action mantienen una huelga de hambre que ya es la más larga coordinada en prisiones británicas desde la del IRA en 1981.

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La huelga de hambre de Palestine Action se convierte en la más prolongada en prisiones británicas desde la del IRA

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Cuatro activistas de la organización Palestine Action continúan con su huelga de hambre para denunciar las condiciones de su encarcelamiento en prisiones del Reino Unido, en una protesta que ya se considera la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde la que llevaron a cabo en 1981 los presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Los activistas que más tiempo llevan sin comer son Amy Gardiner-Gibson, conocida como “Amu Gib”, de 30 años, y Qesser Zuhrah, que han alcanzado los 50 días de huelga de hambre. Gardiner-Gibson ya no puede desplazarse por sí misma y necesita una silla de ruedas. Ha recibido la visita del exlíder laborista Jeremy Corbyn, hoy al frente de la nueva formación de izquierdas Tu Partido. Zuhrah, de 20 años, fue arrestada en virtud de la legislación antiterrorista y ha tenido que ser hospitalizada durante la última semana.

Otro de los miembros del colectivo, Kamran Ahmed, de 28 años, permanece en huelga de hambre desde el pasado 8 de noviembre, por lo que suma ya 44 días sin ingerir alimentos. Este domingo se ha difundido una entrevista con Ahmed en “The Daily Telegraph” en la que afirma que “merece la pena” morir si con ello se consigue “rebajar la opresión en el extranjero”.

“Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo beneficio y creo que merece la pena”, explicó por teléfono al diario desde su celda en la prisión de HMP Pentonville, donde permanece desde hace trece meses.

Ahmed fue arrestado acusado de causar daños valorados en un millón de libras con un martillo junto a otros activistas tras irrumpir sin autorización en las instalaciones de una empresa contratista de las Fuerzas Armadas británicas en la zona de Bristol, antes de que el grupo fuera ilegalizado. Desde el inicio de la protesta ha perdido 15 kilos y ahora pesa 60 kilos. Relata que sufre fuertes dolores en el pecho, comparables a una descarga de táser, además de temblores constantes.

Otra activista, Heba Muraisi, de 31 años, sigue también en huelga de hambre en la prisión de HMP Newhall y acumula 49 días sin comer. Muraisi tiene familiares en el sur de la Franja de Gaza.

Por su parte, Teuta Hoxha decidió poner fin a la huelga de hambre tras lograr que se atendieran sus demandas, después de 40 días sin ingerir alimentos en la prisión de HMP Peterborough. También han abandonado la protesta Jon Cink y Umer Jalid, que permanecieron 38 y 12 días en huelga de hambre, respectivamente. Sobre todos ellos pesan cargos de robo, daños criminales y desorden violento.

La protesta comenzó como respuesta a las restricciones sobre el correo, las llamadas telefónicas y las visitas en prisión. En la actualidad, los activistas reclaman el cierre de todas las empresas del sector militar que mantengan vínculos con Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la concesión de libertad bajo fianza para los detenidos.

Los abogados de los activistas han solicitado una reunión con el ministro de Justicia, David Lammy, y han alertado de que la vida de sus defendidos corre un serio peligro. El Ejecutivo, sin embargo, se niega a recibirles y sostiene que se están aplicando de forma adecuada todos los protocolos establecidos.

Palestine Action fue declarada ilegal el pasado 5 de julio. En octubre, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido aceptó a trámite un recurso presentado por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir el grupo.

A finales de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó al Gobierno británico a anular la ilegalización de la organización, al considerar que supone un abuso de una ley antiterrorista del año 2000 que ya de por sí califica de excesiva.