La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha sentenciado a 20 años de prisión al general retirado del Ejército Hernán Mejía por la muerte de 72 "falsos positivos", término con el que se identifica a los civiles asesinados durante el conflicto armado y presentados ante la opinión pública como supuestos guerrilleros abatidos en combate.
Según ha determinado la JEP, Mejía es coautor de la muerte de estas 72 personas durante el periodo en el que estuvo al mando del Batallón La Popa, con base en Valledupar. El tribunal subraya que mantuvo colaboración con un escuadrón de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la ejecución de estos crímenes.
El general retirado, que ha rechazado las acusaciones, ha sido responsabilizado de homicidio contra personas protegidas, tortura y desaparición, entre otros delitos, y deberá cumplir íntegramente la pena en un centro penitenciario. Es la primera ocasión en que la JEP, creada tras los acuerdos de paz de 2016, dicta una condena de cárcel efectiva sin medidas alternativas.
En septiembre de este mismo año, otros doce militares pertenecientes al mismo batallón recibieron condenas de ocho años de penas alternativas, basadas sobre todo en trabajos de reparación a las víctimas y mecanismos de rendición de cuentas, por los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 personas entre 2002 y 2005.
Los "falsos positivos" es como se conoce en Colombia a los 6.402 civiles, de acuerdo con cifras de la propia JEP, que fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en coordinación con grupos paramilitares y presentados como guerrilleros muertos en combate, en su mayoría entre 2006 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
El propósito de estas ejecuciones era proyectar una imagen ficticia de éxito en las operaciones militares contra el narcotráfico y los grupos armados, incentivadas por condecoraciones y recompensas económicas que ofrecía el Ejecutivo a cambio de mostrar buenos resultados en el campo de batalla.