La junta militar que controla Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha anunciado este martes una amplia amnistía que afecta a más de 7.000 reclusos condenados en virtud de la nueva Ley de Terrorismo, una normativa que, según sus detractores, se emplea para silenciar a las voces críticas en el país asiático.
En un comunicado difundido por la propia junta, las autoridades han precisado que todos los internos incluidos en la medida serán “perdonados” siempre que no vuelvan a cometer los delitos por los que fueron encarcelados. En total, 7.337 personas se benefician de esta decisión y podrán abandonar los centros penitenciarios.
El texto oficial advierte de que, si reinciden, “deberán cumplir el total de las penas a las que fueron condenados antes de su salida de prisión”, tal y como ha subrayado la junta en su nota.
Junto a esta amnistía, las autoridades han informado de que otras 12.487 personas imputadas por cargos similares han sido exoneradas. Sin embargo, no se ha aclarado si entre los beneficiados figuran ciudadanos de otros países.
Desde que el Ejército se hizo con el poder, miles de personas han sido arrestadas y enviadas a prisión. Los seguidores de la antigua líder ‘de facto’ del país, Aung San Suu Kyi, han sido catalogados en gran medida como “terroristas”, y una parte importante de ellos afronta condenas de larga duración.
La Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) calcula que al menos 30.538 personas han sido encarceladas por motivos políticos en Birmania desde el golpe militar. De ellas, 22.818 continúan entre rejas. La organización documenta además que 7.483 civiles han perdido la vida a manos de la junta desde la asonada.
El golpe de 2021 fue ejecutado por las Fuerzas Armadas con el objetivo de anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi obtuvo una amplia mayoría parlamentaria. Los militares alegaron un supuesto fraude electoral, una acusación puesta en duda por observadores internacionales.
Tras la toma de poder, el país ha sufrido una intensa campaña represiva contra opositores, activistas y manifestantes, a la que se ha sumado un incremento de los combates entre el Ejército y varios grupos rebeldes en distintos estados birmanos, especialmente en áreas del noreste próximas a la frontera con China y en el estado de Rajine, en el oeste del país.