La Justicia de Argentina ha ratificado este viernes la incautación de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de sus dos hijos y del empresario Lázaro Báez, con el objetivo de resarcir al Estado con casi 685.000 millones de pesos (unos 265 millones de euros) en concepto de daños por el caso de corrupción Vialidad.
La decisión ha sido adoptada por la Cámara de Casación, el máximo órgano penal del país, que ha desestimado por unanimidad todos los recursos de las defensas y ha confirmado lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 2 en julio del año pasado.
Si en un plazo de diez días no se hace frente a esa suma, se activará la fase de ejecución de bienes, lo que supondrá la celebración de una subasta pública de los activos actualmente embargados, según informa el diario argentino “La Nación”.
Entre los bienes afectados figuran millones de dólares en efectivo, 213 inmuebles, seis sociedades, 111 apartamentos --84 pertenecientes al empresario, 19 a Máximo y Florencia Kirchner y uno a la exmandataria--, además de varios vehículos, que se utilizarán para compensar los sobrecostes detectados en 51 licitaciones y los perjuicios derivados del abandono de las obras.
Cristina Fernández declaró en su última declaración jurada un patrimonio de 250 millones de pesos, al no contar con otros bienes tras haber realizado un anticipo de herencia en favor de sus hijos, Máximo y Florencia.
La exmandataria fue condenada a seis años de prisión, pena que cumple en su domicilio, por la adjudicación de obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su mandato. La expresidenta, que niega las acusaciones, sostiene que es víctima de una persecución política y judicial.