El Tribunal Supremo de Brasil ha puesto fin a 2025 con condenas para 29 de los 31 procesados por la trama golpista que buscaba mantener en el poder al expresidente Jair Bolsonaro. Es el gran damnificado de este histórico proceso judicial, al recibir una pena superior a los 27 años de prisión, que ya cumple de forma efectiva en un centro de detención situado en la sede de la Policía en Brasilia.
Hace unos días concluyeron los juicios de los cuatro grandes núcleos en los que se ha dividido la causa, mientras sigue pendiente el análisis de la denuncia contra el influencer Paulo Figueiredo, que integra un quinto bloque, además de las centenares de personas implicadas en los ataques a las instituciones de enero de 2023, con quienes la Fiscalía ha cerrado en muchos casos acuerdos.
La causa relativa al llamado núcleo central de la trama golpista ha finalizado. Siete de los ocho acusados cumplen ya condena, entre ellos Bolsonaro. Queda fuera quien fuera el jefe de la agencia de Inteligencia brasileña, Alexandre Ramagem, actualmente huido en Estados Unidos y sobre el que pesa una solicitud de extradición.
La mayoría de los procesados han sido hallados culpables de los cinco delitos señalados por la Fiscalía: organización criminal, golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, daños y deterioro de patrimonio histórico. El volumen de las penas ha variado en función del papel desempeñado por cada uno en estos delitos.
Las condenas más altas han recaído sobre Bolsonaro, considerado el cabecilla de la trama, y varios de sus exministros, todos ellos integrados en ese núcleo central. Entre ellos figuran los antiguos titulares de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sergio Nogueira; de Justicia Anderson Torres; o el exjefe del Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, quien solicita el arresto domiciliario alegando sufrir Alzheimer.
Los condenados a más de ocho años de prisión deberán iniciar el cumplimiento de su pena en régimen cerrado. Aun así, las condiciones se irán suavizando con el paso del tiempo. En el caso de Bolsonaro, podrá pedir el arresto domiciliario una vez transcurridos siete años de condena.
Otros han empezado a cumplir sus penas en régimen abierto, como el coronel Mauro Cid, antigua 'mano derecha' de Bolsonaro, presente en casi todas las causas judiciales del expresidente. Su colaboración con la Justicia le ha permitido obtener un trato más favorable pese a formar parte del núcleo principal de la conspiración.
El resto de bloques de la trama golpista
Aunque el bloque principal ya está sentenciado, en los otros tres aún pueden presentarse recursos. El segundo, considerado el estratégico, incluye también algunas de las penas más elevadas, que superan las dos décadas de cárcel, como la impuesta al exjefe de la Policía de Carreteras Silvinei Vasques.
Cinco personas están acusadas, entre otros extremos, de haber participado en la redacción del “borrador” de la trama golpista o de haber bloqueado carreteras para impedir el desplazamiento de posibles votantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones.
El tercer grupo, con condenas que oscilan entre 16 y 24 años de prisión, está integrado por altos mandos del Ejército a quienes se habría encomendado la planificación y ejecución de ataques contra autoridades, incluida la operación “Puñal Verde y Amarillo”, con la que se pretendía asesinar a Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin o al juez del Supremo e instructor de la macrocausa, Alexandre de Moraes.
El cuarto bloque se centra en quienes impulsaron campañas de desinformación sobre el proceso electoral y en los responsables de ataques cibernéticos contra las instituciones y sus autoridades. Hasta siete personas han sido condenadas a penas de entre siete y 17 años de cárcel.
Desde el inicio de los juicios en septiembre, solo dos acusados han resultado absueltos, después de que el Supremo rechazara los cargos por falta de pruebas. Continúa pendiente la situación de Paulo Figueiredo, nieto del último dictador brasileño João Figueiredo y residente en Estados Unidos, a quien aún no se ha notificado para que presente alegaciones por difundir desinformación contra el proceso electoral.
Más de 800 condenas por los ataques de enero de 2023
En total, el primer panel del Tribunal Supremo ha tenido que estudiar más de 1.700 expedientes. Antes de ocuparse de los máximos responsables de organizar y dirigir la trama golpista, ya había dictado sentencia contra 810 personas por los episodios de violencia de enero de 2023 en Brasilia, aunque solo un cinco por ciento recibió penas superiores a los doce años de prisión.
Además, la Fiscalía ha cerrado más de 560 acuerdos de culpabilidad para evitar la celebración de juicios, sustituyendo las penas por condenas alternativas. Permanecen en tramitación otras 346 causas y se han interpuesto 98 acusaciones contra quienes financiaron los ataques, precedidos por semanas de vigilias y campamentos frente a instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Lo ocurrido en estos últimos años en Brasil supone un punto de inflexión desde el retorno de la democracia hace unos 40 años. Es la primera ocasión en la que un expresidente y varios altos mandos militares son condenados por intentar perpetrar un golpe de Estado.
Mientras tanto, los partidarios de Bolsonaro han logrado sacar adelante en el Congreso una ley para reducir de forma drástica el tiempo efectivo de permanencia en prisión. El presidente Lula da Silva ya ha anunciado que la vetará. En el horizonte asoman las elecciones de 2026, en las que la ultraderecha aspira a regresar al poder y a impulsar una posible amnistía que libere al expresidente y a su entorno.