El Tribunal Superior de Justicia de Perú ha decidido este martes poner fin de manera definitiva al proceso por presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal contra la líder de Fuerza Popular y exaspirante a la Presidencia, Keiko Fujimori, en el conocido caso 'Cócteles'.
“Se declara el sobreseimiento definitivo del presente proceso seguido contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal en agravio del Estado peruano”, indica la resolución, en la que también se ordena que se “levante todo tipo de medida de carácter personal y real que se haya impuesto a la referida procesada por los indicados delitos en el presente proceso”.
Con esta decisión, el tribunal da cumplimiento a la sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional, que en octubre pasado concluyó que las acusaciones carecían de base jurídica. La instancia ha estimado que sancionar la recepción de aportes para las campañas electorales de 2011 y 2016 implicaría aplicar retroactivamente la normativa, ya que la figura de “recepción patrimonial” en el delito de lavado de activos no se incorporó al Código Penal hasta finales de 2016.
El órgano judicial también subraya en su resolución, difundida a través de redes sociales, que en el momento en que ocurrieron los hechos aún no estaba tipificado el delito de financiación ilegal de organizaciones políticas, por lo que ha optado por hacer extensivo el archivo del procedimiento al resto de imputados vinculados a Fuerza Popular.
No obstante, el tribunal mantiene abiertas las diligencias contra Fujimori y otros implicados por “falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica”, tal y como señalan la emisora RPP y el diario 'La República'. En este punto, la causa regresa a la Fiscalía para que formule un nuevo pronunciamiento sobre estos delitos, una vez sobreseídas las acusaciones de carácter “estructural y transversal”.
La Fiscalía había reclamado en julio de 2025 una pena de 35 años de prisión para la hija del expresidente Alberto Fujimori. En respuesta, la dirigente opositora rechazó de plano la petición del Ministerio Público, al que acusó de actuar por motivaciones políticas y puso en duda la imparcialidad del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, responsable de la investigación.
El denominado caso 'Cócteles' debe su nombre a los eventos organizados por Fuerza Popular para conseguir fondos destinados a las campañas presidenciales de Fujimori. La investigación se remonta a 2016 y gira en torno a la presunta financiación irregular de sus intentos fallidos por llegar a la jefatura del Estado.
De acuerdo con la tesis fiscal, Fuerza Popular habría llevado a cabo una serie de actos de recaudación de fondos, presentados como 'cócteles', con el propósito de sufragar las campañas. Eran lujosas cenas, con un precio cercano a los 500 euros por cubierto, que habrían servido de pantalla para “blanquear” recursos de procedencia irregular aportados por compañías como la constructora brasileña Odebrecht o el principal grupo financiero peruano, Credicorp.