La Sala Penal del Tribunal de Apelación de París ha dictado una orden de arresto contra las activistas franco-israelíes Nili Kupfer-Naouri y Rachel Touitou, a las que se investiga por un posible delito de complicidad en genocidio e incitación al genocidio, vinculado a sus actuaciones para frenar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Kupfer-Naouri, que preside la organización sionista Israel Is Forever, y Rachel Touitou, portavoz del colectivo Tsav 9, fueron objeto de una denuncia presentada en noviembre de 2004 por la Unión Judía Francesa por la Paz y por un ciudadano franco-palestino apoyado por la asociación NIDAL. Posteriormente se sumaron como denunciantes la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Al Haq, el Centro Al Mezan de Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos, según detallan estas entidades en un comunicado. La causa quedó formalmente abierta en junio de 2025.
De acuerdo con las declaraciones de la propia Touitou, el colectivo Tsav 9 ha bloqueado en numerosas ocasiones, desde 2024, el paso de camiones cargados con ayuda humanitaria con destino a Gaza. Israel Is Forever, por su parte, lanzó llamamientos públicos para respaldar estas acciones y organizó la movilización de voluntarios. En una intervención televisiva, su presidenta, Nili Kupfer-Naouri, afirmó que es “absolutamente inmoral siquiera considerar, ni por un segundo, abastecer a la población civil, que es todo menos inocente”.
La propia Kupfer-Naouri había explicado al portal proisraelí The News que había sido citada para comparecer ante la Justicia, pero sin referencia explícita a una orden de detención. “Ya no podré pisar Francia porque no tengo intención de ir a prisiones francesas, ni bajo custodia policial ni de ninguna otra manera”, declaró a The News, denunciando además el “frenesí antisemita” del sistema judicial francés.
En paralelo, Touitou sostiene que los magistrados actúan con mayor celeridad ante las denuncias relacionadas con Gaza que frente a los casos de apología del terrorismo atribuidos a parlamentarios de extrema izquierda.
Las organizaciones que impulsaron la denuncia han acogido la decisión del tribunal como “un paso legal crucial”. A su juicio, “estas medidas, poco frecuentes en los casos que tramita la sección de crímenes de lesa humanidad, suponen un paso decisivo en la investigación penal”, subrayan, según recoge el diario francés ‘L’Humanité’.