La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, máximo órgano penal por debajo de la Corte Suprema, ha desestimado el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se le retirase la tobillera electrónica y se suavizasen las restricciones a las visitas mientras cumple arresto domiciliario. Los jueces han concluido que dichas disposiciones se ajustan a la normativa vigente y que “no constituyen un agravamiento ilegítimo de la pena”.
La resolución se ha adoptado tras la deliberación de los magistrados Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que han respondido a los planteamientos de la exmandataria mediante un fallo dividido, recogido en una resolución de 131 páginas difundida por la prensa argentina.
Barroetaveña y Hornos han remarcado que la utilización de la tobillera electrónica en los supuestos de prisión domiciliaria está contemplada en la reforma introducida por la Ley 27.375 y han recalcado que “la ausencia de incidentes no torna innecesaria la medida, sino que confirma su eficacia preventiva”.
En cuanto a las limitaciones impuestas al régimen de visitas —entre ellas las autorizaciones previas, el uso de la terraza y el monitoreo electrónico—, ambos jueces han defendido su pertinencia apoyándose en la Ley 24.660, al sostener que “se trata de una modalidad excepcional de cumplimiento de una pena privativa de libertad y no de una situación equiparable a la libertad plena”.
Los magistrados han añadido que el conjunto de estas disposiciones “constituyen un mensaje público que no debe diluirse mediante flexibilizaciones carentes de fundamento”. “(La pena) cumple no solo una función resocializadora, sino también una función institucional y expresiva (...), especialmente en casos de corrupción de gravedad institucional”, han señalado en su voto, según informa el diario ‘Clarín’.
En disidencia, Borinsky se ha apartado del criterio de sus colegas y se ha mostrado partidario de atender los pedidos de la defensa de la exmandataria y “flexibilizar integralmente” su régimen de arresto domiciliario.
En su opinión, el sistema de autorización caso por caso para las visitas “resulta excesivamente restrictivo” y ha advertido de que la exigencia de una intervención judicial previa a cada encuentro podría derivar en “una situación más gravosa que el régimen intramuros, donde las visitas se desarrollan bajo pautas regladas sin autorización judicial específica para cada encuentro”.
Su postura incluye también la supresión de la tobillera electrónica y la posibilidad de ampliar —sin límites horarios ni temporales— el uso de la terraza de la vivienda donde Fernández de Kirchner cumple la medida.
La decisión de Casación responde al escrito presentado en agosto del año pasado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, en el que se solicitaba a la Corte Suprema de Justicia de Argentina que se le retirase la pulsera electrónica con la que se controla el cumplimiento de su arresto domiciliario y que se aliviasen las restricciones de visitas durante su encierro, dictado en el marco del conocido como caso Vialidad.
La petición llegó después de que un tribunal de Buenos Aires le concediera a mediados de junio de ese mismo año el arresto domiciliario, pese a la oposición de la Fiscalía, que había reclamado que la condena de seis años de prisión por esa causa se cumpliera en un establecimiento penitenciario.
Para fundamentar el arresto domiciliario, la defensa de Kirchner invocó la edad de la exmandataria (72 años) y que es “obligación” del Estado “velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo”. También recordaron que sufrió un intento de magnicidio.
Kirchner fue condenada por la adjudicación de obras viales millonarias a un empresario considerado socio y presunto testaferro durante sus dos mandatos presidenciales. La exjefa de Estado, que rechaza los señalamientos, sostiene que es víctima de una persecución política y judicial.