El Poder Judicial de Perú ha desestimado por improcedente la acción de “habeas corpus” presentada para exigir al Ejecutivo la entrega inmediata de un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, con el fin de que pueda desplazarse a México en calidad de asilada política.
La decisión, firmada por el juez constitucional de Lima Iván Cabrera, rechaza el recurso planteado el 25 de noviembre de 2025 por el ciudadano Rubén Serpa Valdez en favor de Chávez y de la Embajada de México en Lima. La demanda iba dirigida contra varias entidades del Estado por una supuesta vulneración del derecho a la libertad personal y otros derechos vinculados.
El magistrado declara el recurso “improcedente” y también niega otros puntos de la demanda, entre ellos el intento de bloquear cualquier actuación de las autoridades peruanas en la sede diplomática mexicana y la petición de medidas urgentes de resguardo para las instalaciones y quienes se encuentran en su interior, según recoge la prensa nacional.
La acción constitucional se apoyaba en manifestaciones del entonces presidente peruano, José Jerí, quien habría planteado la posibilidad de ingresar por la fuerza en la embajada para ejecutar una orden de prisión preventiva contra Chávez, lo que, a juicio del demandante, configuraba una amenaza “real, cierta e inminente”.
No obstante, el juez Cabrera concluye que esa presunta amenaza no se sustenta en hechos concretos ni inmediatos. Añade que las propias autoridades han negado cualquier intervención coercitiva y recuerda que Jerí ya no ejerce la Jefatura del Estado, lo que descarta la viabilidad de una acción basada en tales declaraciones.
En la resolución, fechada el 10 de abril y difundida por la emisora peruana RPP, el magistrado afirma igualmente que la solicitud de salvoconducto carece de relevancia constitucional, al no apreciarse una afectación directa a la libertad personal de la ex primera ministra. En esa línea, recalca que su permanencia en la Embajada de México obedece a una elección voluntaria.
Del mismo modo, señala que no consta una negativa expresa del Ejecutivo a conceder el salvoconducto, puesto que la petición continúa en trámite dentro de un ámbito de decisión política y diplomática.
El juez ordena finalmente que, una vez que la resolución adquiera firmeza, el expediente sea archivado de forma definitiva.
Betssy Chávez fue sentenciada el 4 de diciembre de 2025 a once años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en el marco del proceso por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La condena incluyó una orden de captura a escala nacional e internacional.
En la actualidad, la ex presidenta del Consejo de Ministros permanece alojada en la residencia de la Embajada de México en Lima, tras recibir asilo diplomático por parte del Gobierno mexicano, hecho que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.