La Liga Árabe ha censurado este lunes la decisión del Consejo de Ministros israelí de dar el visto bueno a la declaración de otros 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, entre ellos Ganim y Kadim, desocupados en 2005, al considerar que supone “un desafío flagrante a la voluntad internacional” y “una violación del Derecho Internacional”.
Yamal Rushdi, portavoz del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, ha señalado en una nota oficial que “la expansión de los asentamientos ilegales tiene como objetivo impedir el establecimiento de un Estado palestino geográficamente contiguo”, algo que “refleja la naturaleza del Gobierno israelí, que está controlado por extremistas y colonos”.
En este sentido, ha recalcado que la medida “no legitima de ninguna manera” los asentamientos y ha arremetido contra las agresiones de colonos contra la población palestina, calificándolas de “un tipo de terrorismo que se lleva a cabo con el conocimiento del Estado ocupante y con la protección de sus agencias oficiales”, de acuerdo con el comunicado difundido por la Secretaría General de la Liga Árabe en su perfil en la red social X.
Los colonos de Ganim y Kadim, situados al oeste de la ciudad cisjordana de Yenín, fueron sacados de sus viviendas en el marco de la retirada israelí de la Franja de Gaza en 2005. Posteriormente, el Ejército de Israel autorizó en mayo el regreso a estas colonias, como represalia después de que España, Noruega e Irlanda hicieran público su reconocimiento del Estado de Palestina.
Aunque el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, las autoridades israelíes distinguen entre aquellos que cuentan con su autorización y los que no, siendo únicamente estos últimos los que el propio Gobierno califica como contrarios a la ley.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sostuvo en julio que la política de asentamientos israelí vulnera la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de población y que, especialmente en lo relativo al uso de los recursos naturales y a la imposición de su legislación nacional, constituye un intento de anexión y es incompatible con el Derecho Internacional.