La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) ha comunicado este jueves la puesta en marcha de seis bases militares móviles dentro de una ampliación de sus operaciones en Ituri, provincia ubicada en el extremo noreste del país, fronteriza con Uganda y, en menor medida, con Sudán del Sur.
El organismo de la ONU ha lamentado que la región siga “aún asolada por la violencia armada”, con numerosos grupos armados que ponen en riesgo a la población. La misión ha señalado de forma específica a las milicias Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) y Convención para la Revolución Popular (CRP) por sus actividades en los territorios de Irumu y Djugu, próximos al lago Alberto, compartido por RDC y Uganda, así como a los grupos Zaïre y a miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico, en Irumu.
En respuesta a este escenario, la MONUSCO ha puesto en marcha la operación “Nyundo II”, que contempla el despliegue de bases móviles en lo que ha definido como puntos estratégicos: tres en Djugu —Tshumbu, Lopa y Lodha— y otras tres en Irumu —Bavunkutu, Boga y Taliaba—.
Según ha detallado, la misión también se centra en facilitar el acceso a la atención sanitaria de los heridos, respaldar el desplazamiento de la población civil en áreas de alto riesgo y permitir que los habitantes puedan retomar algunas de sus actividades cotidianas, entre ellas la agricultura.
El anuncio se produce en medio de la ola de violencia desatada desde el pasado 5 de diciembre, cuando el Ejército congoleño y las milicias del CRP iniciaron una nueva serie de combates que han golpeado con fuerza Djugu y han generado otra crisis en Ituri. En esta provincia operan otras facciones rivales del CRP, como la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) y, de forma destacada, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), asociadas a Estado Islámico.
Las milicias de la CRP son la creación más reciente del criminal de guerra condenado Thomas Lubanga, antiguo fundador de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), una milicia de la etnia lendu que actuó como pieza clave en el último gran conflicto étnico que sacudió Ituri entre 1999 y 2007, marcado por los choques entre lendu y pastores hema, y que ha resurgido de manera intermitente en la última década.
Lubanga se convirtió en 2006 en la primera persona detenida en cumplimiento de una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional y terminó sentado en el banquillo de La Haya, acusado de ordenar atrocidades que abarcan desde masacres étnicas y reclutamiento de menores hasta violaciones y mutilaciones. Fue condenado a 30 años de prisión, aunque quedó en libertad tras cumplir aproximadamente la mitad de la pena en 2020.
El Consejo de Seguridad analiza la crisis en la región de Kivu
El anuncio de la MONUSCO coincide con la jornada en la que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha examinado, en una sesión informativa, la crítica situación que se vive unos 600 kilómetros más al sur, en torno al lago Kivu, que separa a la República Democrática del Congo de Uganda.
Durante la reunión, la representante especial adjunta del secretario general para la protección y las operaciones de la MONUSCO, Vivian Van de Perre, ha alertado de que, pese al alto el fuego acordado con Ruanda en Estados Unidos, que actuó como mediador en un proceso centrado en el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Kigali, la población continúa sufriendo graves consecuencias.
“Las mujeres y los niños se ven afectados de manera desproporcionada”, ha subrayado Van de Perre, al referirse a los asesinatos y a la violencia sexual documentados en la zona. También ha lamentado el desplazamiento masivo, con 6,4 millones de desplazados y 26,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
Asimismo, ha remarcado que “los civiles y los trabajadores humanitarios no son objetivos” y ha reclamado que se depuren responsabilidades, dos semanas después de que un ataque con dron contra la ciudad de Goma, bajo control del M23, causara la muerte de tres personas, entre ellas una empleada francesa del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En este contexto, el representante de Ruanda, Karoli Martin Ngoga, ha denunciado la amenaza que representan las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), creadas por hutus extremistas huidos tras el genocidio de 1994 en Ruanda, a las que ha calificado como “una fuerza genocida” con la intención de “exterminar a un pueblo”. Afrontar este riesgo es “indispensable” para cualquier salida estable al conflicto, ha insistido.
Ante el aumento de los ataques con drones y las víctimas civiles, Ngoga ha reclamado un alto el fuego inmediato y medidas de protección más estrictas, al tiempo que ha reiterado el compromiso de Ruanda con una “solución duradera y sostenible”. En relación con el proceso de paz, ha pedido un apoyo imparcial y la aplicación equilibrada de los compromisos asumidos por las partes.
Tras sus palabras, el representante de RDC, Zenon Ngay Mukongo, ha dicho sentirse “obligado a pronunciarse” y a expresar su “profunda indignación” por la continuidad de las hostilidades en el este del país, pese a los acuerdos diplomáticos alcanzados.
En esta línea, ha denunciado que el M23 sigue recibiendo el respaldo de las Fuerzas de Defensa de Ruanda en sus operaciones dentro de territorio congoleño, algo que ha calificado como una “grave violación” de la soberanía y la integridad territorial de RDC. Además, ha alertado sobre la persistencia de administraciones paralelas y de amenazas de nuevas ofensivas, advirtiendo de que “no se puede prever una solución duradera” mientras no se restablezca la autoridad del Estado y se respete de forma plena la integridad territorial.
El M23, que tomó el control de Goma en enero de 2025 en el marco de una ofensiva en el este de RDC, denunció el 25 de febrero que el Ejército había lanzado una “ofensiva a gran escala” en la zona, con ataques contra “zonas densamente pobladas”, a pesar del alto el fuego en vigor para tratar de contener el conflicto.
Este grupo rebelde, apoyado por Ruanda e integrado mayoritariamente por tutsis congoleños, se hizo en 2025 con amplias áreas de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus capitales, Goma y Bukavu, durante una ofensiva que elevó al máximo la tensión entre Kinshasa y Kigali y desembocó después en un proceso de negociaciones para impedir que el conflicto se extendiera por toda la región.