La ONU ha concluido en una nueva investigación publicada este viernes que el Ejecutivo sirio no ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para afrontar la crisis en la provincia de Sueida ni ha logrado "progresos tangibles" en la rendición de cuentas por la ola de violencia sectaria que sacudió la zona en el verano del año pasado, en la que todas las partes, incluido el Ejército sirio, incurrieron en gravísimas violaciones de los Derechos Humanos.
Estos enfrentamientos en Sueida supusieron la primera gran prueba para el Gobierno sirio liderado por el ex dirigente yihadista Ahmed al Shara y evidenciaron el complejo mosaico de fuerzas que intenta controlar desde su llegada al poder tras la caída de la dinastía Al Assad a finales de 2024: los choques entre milicias drusas y beduinas, respaldadas estas últimas por Damasco, provocaron más de 2.000 muertos, entre ellos numerosos civiles drusos, y estuvieron acompañados de denuncias internacionales por ejecuciones de civiles, torturas, saqueos y violencia sexual.
En su informe de este viernes, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria detalla las "tres olas de violencia" que golpearon Sueida entre el 14 y el 19 de julio, iniciadas con una operación de "fuerzas gubernamentales, incluyendo tanto a las Fuerzas de Seguridad Interna como al Ejército Árabe Sirio", a las que responsabiliza de "asesinatos, ataques directos e indiscriminados contra civiles, arrestos y secuestros arbitrarios, tortura y malos tratos, saqueos, ataques contra la propiedad civil, violencia sexual y de género".
El documento extiende las mismas acusaciones a combatientes drusos y beduinos en las dos fases posteriores, aunque subraya que el primer estallido resultó el más mortífero y que el tercero, protagonizado por combatientes tribales contra la población drusa, fue "el más destructivo": casi 35 localidades drusas quedaron arrasadas por el fuego y sus comercios, completamente saqueados.
SIN CULPABLES
En su análisis del alto el fuego iniciado el 19 de julio, Naciones Unidas lamenta que apenas se hayan impulsado mecanismos de diálogo. Las causas de fondo del conflicto —la marginación política, las disputas por el control del territorio y, sobre todo, la profunda desconfianza hacia el Gobierno de Damasco— no se han afrontado, y tampoco se han observado "progresos tangibles que garanticen una depuración de responsabilidades" por las violaciones de Derechos Humanos documentadas durante la contienda.
Hasta el momento solo se tiene constancia de la detención de 23 miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército sirio por su posible implicación en estos abusos, "pero la información que se ha divulgado hasta el momento sobre las investigaciones de las que están siendo objeto ha sido limitada".
Mientras tanto, la violencia persiste de manera intermitente, buena parte de la gobernación de Sueida "sigue fuera del control" de las autoridades y alrededor de 115.000 personas continúan desplazadas, pendientes de una salida política que, según la ONU, continúa sin materializarse.