La ONU ha informado este viernes de que los rebeldes hutíes de Yemen han irrumpido en hasta seis oficinas del organismo en la capital, Saná, donde no había personal presente, y se han hecho con equipos de telecomunicaciones y vehículos pertenecientes a la organización internacional.
“Naciones Unidas no ha autorizado el retiro de estos activos ni las autoridades de facto han informado a la ONU de las razones para hacerlo”, ha denunciado en un comunicado el coordinador humanitario para Yemen, Julien Harneis, quien ha precisado que el material ha sido trasladado a un “lugar desconocido”.
El responsable humanitario ha subrayado que estos equipos, importados a Yemen siguiendo los procedimientos nacionales y con las autorizaciones pertinentes, forman parte de la “infraestructura mínima que necesita la ONU para estar presente” en el país y poder desarrollar sus programas.
“Los hutíes no han autorizado al Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas (UNHAS) a volar a Saná durante más de un mes ni a Mareb, controlada por el Gobierno reconocido a nivel internacional, durante cuatro meses”, ha señalado, recalcando además que “no han explicado los motivos” de esta restricción.
En la misma línea, ha recordado que estos vuelos “son el único medio por el cual el personal de ONG internacionales puede entrar y salir de las zonas bajo el control de los hutíes, lo que limita aún más la prestación de asistencia humanitaria en dichas zonas”.
“Esta confiscación de activos de la ONU y el bloqueo de los vuelos de UNHAS por parte de los hutíes de Saná se produce en un momento en que las necesidades humanitarias en Yemen, especialmente en las zonas bajo su control, están aumentando”, han advertido desde la organización.
Harneis ha criticado que las autoridades hutíes hayan adoptado estas decisiones de forma “unilateral” y sin diálogo previo con Naciones Unidas, lo que impide “alcanzar acuerdos mutuamente aceptables para la prestación de asistencia” humanitaria sobre el terreno.
Los hutíes, respaldados por Irán, han detenido a decenas de trabajadores de Naciones Unidas a los que acusan de espionaje, una actuación rechazada por la organización. El movimiento insurgente mantiene el control de la capital yemení, Saná, así como de amplias zonas del norte y el oeste del país desde 2015.