Naciones Unidas ha advertido este jueves de que las actuaciones de Israel, entre ellas el incremento de los ataques y los “traslados forzosos” de población palestina, están despertando inquietud por una posible “limpieza étnica” en la Franja de Gaza y Cisjordania. Estas conclusiones se enmarcan en las denuncias internacionales contra la ofensiva en el enclave y las políticas destinadas a afianzar una eventual anexión de territorios.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene en un informe que “la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros y la negación de asistencia humanitaria parecían tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza”.
“Esto, junto a los traslados forzosos, que parecen tener como objetivo un desplazamiento permanente, suscita preocupación por la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania”, subraya el documento, hecho público durante la jornada y que abarca el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.
El texto remarca que, a la muerte y mutilación de “un número sin precedentes de civiles” en Gaza durante ese intervalo por los bombardeos israelíes, se añaden la extensión de la hambruna y la devastación de la infraestructura civil que aún quedaba en pie, lo que provoca que los palestinos se enfrenten a unas condiciones de vida “crecientemente incompatible con su existencia continuada como grupo”.
El informe indica que el patrón de ataques letales en la Franja genera “graves preocupaciones” sobre la posibilidad de que las fuerzas israelíes hayan golpeado “de forma intencionada” a civiles y bienes de carácter civil, siendo conscientes de que los daños serían “excesivos en relación con la ventaja militar anticipada”, lo que podría constituir un crimen de guerra.
En este sentido, recalca que al menos 463 palestinos, entre ellos 157 menores, han fallecido por hambre en Gaza, donde la hambruna y la desnutrición son “un resultado directo” de las decisiones del Gobierno israelí, incluido el bloqueo a la entrada y distribución de ayuda humanitaria a la población del enclave costero palestino.
El documento rememora que recurrir al hambre como método de guerra constituye igualmente un crimen de guerra que puede llegar a ser un crimen contra la humanidad si se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, y que incluso podría ser calificado de genocidio si la finalidad es destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Al mismo tiempo, puntualiza que “el uso sistemático e ilegal de la fuerza” por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania, junto con “la detención arbitraria generalizada”, “las torturas y otros malos tratos a palestinos detenidos” y la demolición “extensa” de viviendas “son usados para discriminar sistemáticamente, reprimir, controlar y dominar al pueblo palestino”.
El texto también alude a “incidentes preocupantes” de “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” por parte de la Autoridad Palestina, mientras señala que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados palestinos continuaban empleando como “moneda de cambio” a los rehenes israelíes —vivos y muertos— retenidos en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En esta línea, el informe incorpora testimonios de rehenes liberados sobre violencia sexual y de género, torturas, agresiones físicas, confinamiento prolongado y privación de alimentos, agua e higiene durante su cautiverio, al tiempo que documenta la muerte de 79 palestinos detenidos en Israel, con los gazatíes “particularmente vulnerables a torturas y otros malos tratos”.
“Perverso clima de impunidad” y llamada al embargo de armas
Por todo ello, denuncia el “perverso clima de impunidad” ante las violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas por las autoridades israelíes en los Territorios Ocupados Palestinos, sin que se hayan producido “pasos significativos” dentro de su sistema judicial para garantizar la rendición de cuentas por estas vulneraciones.
En consecuencia, el informe insta a todos los Estados a “pongan fin a la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, dado que facilitan las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados Palestinos”.
“Si bien al final del periodo que abarca el informe se estaban realizando esfuerzos para impulsar el 'Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza' liderado por Estados Unidos, que entró en vigor el 9 de octubre de 2025, la ausencia de medidas para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del Derecho Internacional desde el 7 de octubre de 2023 representan una deficiencia crítica”, advierte.
“La justicia para las víctimas debe sentar las bases para la reconstrucción de Gaza”, sostiene el documento, que reclama a los Estados que aseguren la implicación inmediata de los palestinos en las estructuras de gobierno encargadas de definir y orientar la reconstrucción de la Franja.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha recalcado que “la impunidad no es algo abstracto: mata”. “La rendición de cuentas es indispensable. Es el requisito previo para una paz justa y duradera en Palestina e Israel”, ha concluido.