La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expuesto en un informe difundido este viernes las graves vulneraciones sufridas por las personas captadas con engaños y atrapadas en complejas redes internacionales de estafas informáticas, concentradas sobre todo en los cinco países bañados por el río Mekong (China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam), con “escalas” en otros Estados como Emiratos Árabes Unidos.
El documento subraya el enorme peso económico de estas actividades ilícitas. En Laos, por ejemplo, estas estafas generan más de 10.500 millones de euros y suponen el 68,5% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. El auge de estos centros está estrechamente relacionado con la pandemia de coronavirus: en 2021, el cierre global obligó a grupos armados no estatales y organizaciones criminales a diversificar sus fuentes de ingresos, lo que derivó en la rápida expansión de instalaciones dedicadas a estafas informáticas en casinos y hoteles que habían quedado vacíos.
Esos espacios de ocio fueron transformándose en “scam farms” (granjas de estafas), donde las mafias utilizan hoy herramientas como la falsificación de rostros o la Inteligencia Artificial para imitar las voces de familiares y personas cercanas a las víctimas. Quienes trabajan allí viven completamente recluidos: duermen, comen y realizan toda su vida dentro del recinto. Disponen de restaurantes, peluquerías e incluso un karaoke, tal y como explicó en su momento el representante adjunto de la ONU contra la Droga y el Delito para el Sureste Asiático y el Pacífico, Benedikt Hofmann.
El personal procede tanto de los países del Mekong como de otros puntos del mundo, entre ellos África (como Zimbabue) y Estados del sur de Asia como Bangladesh. Muchos llegan sin conocer la realidad que les aguarda en una región que concentra más del 60% de las estafas informáticas a escala mundial y descubren demasiado tarde que huir de estos complejos es prácticamente inviable.
Abusos sistemáticos y castigos extremos
En el informe difundido este viernes, una víctima de Sri Lanka describe que quienes no logran cumplir las cuotas diarias exigidas por las organizaciones criminales (en algunos casos se reclama a los trabajadores que “recauden” más de 9.000 euros al día) pueden acabar, por ejemplo, en cárceles submarinas: celdas herméticas casi sumergidas que dejan apenas un pequeño espacio para respirar, donde permanecen durante horas a modo de castigo.
Las celdas son solo una parte del horror. El texto de la ONU recoge casos de “tortura y otros malos tratos, abuso y explotación sexual, abortos forzados o privación de alimentos”. Las víctimas también contaron que fueron obligadas a contemplar o incluso a perpetrar graves agresiones contra otras personas para garantizar su sometimiento. Una víctima bangladeshí afirmó que le ordenaron golpear a otros trabajadores, y una víctima ghanesa relató que la obligaron a presenciar cómo golpeaban a su amigo delante de él.
El informe detalla igualmente que los intentos frustrados de rescate son castigados con extrema dureza. Una víctima vietnamita explicó que su hermana fue golpeada, electrocutada con una pistola Taser y encerrada en una habitación sin comida durante siete días después de que su hermana intentara organizar su huida. Los traficantes llegan incluso a realizar videollamadas a familiares para que vieran cómo abusaban y maltrataban a su ser querido, con el objetivo de presionarlos para que paguen rescates desorbitados.
Aunque la mayoría de las víctimas manifestaron haber recibido alguna remuneración, todas las personas entrevistadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunciaron una cadena de deducciones crecientes y ninguna llegó a cobrar el salario íntegro que se les había prometido.
“La letanía de abusos es impactante y, al mismo tiempo, desgarradora”, ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Sin embargo, en lugar de recibir protección, atención y rehabilitación, así como las vías de acceso a la justicia y la reparación a las que tienen derecho, las víctimas con demasiada frecuencia se enfrentan a la incredulidad, la estigmatización e incluso a un castigo mayor”, añade.
Ante esta situación, Türk llama a los Estados y a las organizaciones regionales a mantener y reforzar las operaciones contra la corrupción institucional profundamente arraigada en estas lucrativas redes de estafa, y a llevar ante la justicia a las estructuras criminales que las sostienen. Asimismo, recalca que es imprescindible garantizar que los medios de comunicación independientes, los defensores de los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan desempeñar su función esencial contra la trata de personas sin injerencias ni represalias.