Naciones Unidas ha hecho público este martes que en Sudán han perdido la vida más de 500 civiles por ataques con drones durante los dos primeros meses y medio del año, y ha avisado del “devastador impacto” que tiene el uso de este armamento contra áreas pobladas, en plena guerra abierta desde abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
“El drástico aumento del uso de drones para realizar ataques aéreos este año en Sudán pone de manifiesto el impacto devastador de las armas de alta tecnología y relativamente baratas en zonas pobladas”, ha dicho Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La portavoz ha indicado que “la inmensa mayoría” de las víctimas civiles registradas entre el 1 de enero y el 15 de marzo se concentran en tres estados de la región de Kordofán, uno de los principales focos de la contienda. En la primera mitad de marzo se han contabilizado 277 civiles fallecidos, de los que más de tres cuartas partes murieron en ataques con drones.
“Este tipo de ataques mortales han continuado durante la última semana, en la última etapa del sagrado mes de Ramadán”, ha lamentado Hurtado. El bombardeo más letal se produjo el 20 de marzo, cuando al menos 64 personas, entre ellas trece menores, perdieron la vida en un ataque con drones contra un hospital en Darfur Oriental.
En relación con este suceso, ha precisado que “un doctor murió y ocho trabajadores sanitarios figuran entre los al menos 89 heridos en el ataque, ejecutado contra un área controlada por las RSF”, y ha añadido que el centro hospitalario ha quedado inutilizado, restringiendo aún más “un acceso necesario de forma desesperada” a la atención médica para numerosos habitantes de la zona.
Hurtado ha añadido que ese mismo 20 de marzo otras seis personas fallecieron en un ataque con drones contra Al Daba, en el estado Norte y bajo control del Ejército, que dañó “infraestructura civil” y dejó a la localidad sin suministro eléctrico. Más tarde, otros 23 civiles murieron en ataques con drones contra un convoy de vehículos de transporte en El Daein.
La portavoz ha advertido igualmente de que estas acciones están teniendo repercusiones en países vecinos como Chad. El 16 de marzo se documentaron 20 muertos y 60 heridos durante una ofensiva de las RSF contra la localidad de Tina, en la frontera común, mientras que el 18 de marzo murieron 24 personas en un ataque con drones en el lado chadiano de la línea fronteriza.
“Los patrones continuados de este tipo de ataques contra civiles y la destrucción de infraestructura civil suscitan serias preocupaciones sobre el cumplimiento de los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario y pueden constituir crímenes de guerra”, ha destacado.
En la misma línea, ha recalcado que la oficina del Alto Comisionado sigue registrando ataques contra mercados, centros sanitarios e infraestructuras de energía y agua, y ha instado a todos los Estados, “especialmente aquellos con influencia”, a que actúen para detener el flujo de armas hacia las partes enfrentadas.
“Recordamos a las partes en este conflicto sus obligaciones vinculantes de proteger a la población civil. Es necesario redoblar los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego urgente que ponga fin al conflicto”, ha zanjado Hurtado en una comparecencia ante la prensa en Ginebra, en Suiza.
La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 por las profundas discrepancias sobre la integración del grupo paramilitar en las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya erosionada después del golpe que apartó del cargo al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, en el que intervienen diversos países respaldando a los bandos en lucha, ha hundido a Sudán en una de las peores crisis humanitarias del planeta, con millones de desplazados internos y refugiados, y con la comunidad internacional en alerta por la expansión de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, que impide asistir a cientos de miles de personas afectadas.