El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado este martes de que la reciente normativa aprobada en Israel, que permite aplicar la pena capital únicamente a ciudadanos palestinos por delitos de terrorismo, supondría la comisión de un crimen de guerra.
“Es claramente incompatible con las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional, incluidas las relativas al derecho a la vida. Suscita graves preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatorio y debe ser derogado de inmediato”, ha manifestado Turk.
La disposición legal contempla la ejecución en la horca como castigo para los palestinos sentenciados en la Cisjordania ocupada por ataques que provoquen la muerte de ciudadanos israelíes, y fija que la condena se lleve a cabo en un máximo de 90 días, sin opción de indulto ni derecho a apelar, en abierta contradicción con las normas internacionales.
Turk ha insistido en lo “profundamente difícil” que resulta compatibilizar este tipo de medidas con la dignidad humana y ha advertido del “riesgo inaceptable” de que se ejecuten personas inocentes. Ha recalcado que su aplicación sobre “los habitantes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra”.
Además, el responsable de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su preocupación por otros proyectos legislativos con los que el Parlamento israelí pretende, con carácter retroactivo, imponer la pena de muerte a detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023 mediante un tribunal militar especial.
En este contexto, ha instado a los parlamentarios israelíes a dar marcha atrás y ha incidido en que, al dirigirse únicamente contra delitos atribuidos a palestinos, “se está institucionalizando una justicia discriminatoria y parcial”.
“Los juicios por delitos relacionados con el 7 de octubre son sumamente importantes, pero no deben basarse en la discriminación. Todas las víctimas tienen derecho a la misma protección de la ley, y todos los autores deben rendir cuentas sin discriminación”, ha defendido.
Con estas iniciativas, Israel refuerza aún más sus políticas de segregación racial y de 'apartheid' contra la población palestina, que con frecuencia recibe condenas tras “juicios injustos”, ha denunciado Naciones Unidas.
El Alto Comisionado recuerda que, según el derecho internacional, los procesos contra civiles ante tribunales militares están prohibidos, salvo en situaciones estrictamente excepcionales en las que el Estado pueda demostrar que son indispensables y estén respaldadas por razones graves y convincentes, y cuando las cortes civiles ordinarias no puedan asumir el procedimiento judicial.