Naciones Unidas ha advertido este jueves de que el número de civiles asesinados en Sudán en 2025 fue más del doble que el registrado el año previo, en un contexto de recrudecimiento de la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha sumido al país en una crisis humanitaria de enorme gravedad.
“Casi tres años de brutal conflicto han convertido prácticamente a Sudán en una tierra de desesperación”, ha afirmado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha indicado que su oficina documentó en 2025 “un aumento de más del doble de los asesinatos, respecto al año anterior”. “Miles más están desaparecidos o no están identificados”, ha añadido.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, Turk ha presentado un nuevo informe que, según ha descrito, “es un capítulo más en la crónica de la crueldad” y “describe patrones claros y persistentes de violencia contra la población civil, incluyendo asesinatos, violaciones y torturas”.
El responsable de Derechos Humanos ha denunciado que, a medida que se intensifican los combates, se han multiplicado las violaciones del Derecho Internacional por todas las partes, mientras la rendición de cuentas sigue siendo prácticamente nula. Ha subrayado que tanto las RSF como las Fuerzas Armadas han empleado “armas explosivas” en “zonas densamente pobladas”.
Según ha detallado, “las partes han atacado escuelas, hospitales, mercados y lugares religiosos, en violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario”, y ha alertado de que “el incremento en el uso de drones avanzados de largo alcanza se ha expandido para causar daño a civiles en zonas alejadas de las líneas de frente que anteriormente estaban en paz”.
En esta línea, ha indicado que “las partes, principalmente las RSF, han usado drones en repetidas ocasiones para atacar infraestructura crítica, incluidas centrales eléctricas, presas y depósitos de combustible”, lo que ha tenido “un impacto enorme sobre los civiles”.
Violencia sexual, ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias
Turk ha puesto el foco también en la violencia sexual utilizada como arma de guerra y ha remarcado que estos delitos se están empleando “para aterrorizar a las comunidades”. “En 2025, identificamos más de 500 víctimas de violencia sexual, incluidas violaciones, violaciones en grupo, torturas sexuales y esclavitud, en ocasiones con resultado de muerte”, ha precisado.
Ha añadido que “también hemos documentado un drástico aumento de las ejecuciones sumarias de civiles, a menudo acusados ??de colaborar con la otra parte en conflicto”, y ha recalcado que “las detenciones arbitrarias a gran escala son otra herramienta de intimidación utilizada por ambas partes y sus milicias aliadas”.
De acuerdo con su exposición, en las áreas bajo control gubernamental se han producido arrestos y condenas “sin el debido proceso ni un juicio justo”, incluidas sentencias de muerte y penas de cadena perpetua, mientras que “en las zonas controladas por las RSF no funciona un sistema de justicia formal”.
El alto comisionado ha indicado que su oficina ha identificado “picos especialmente marcados de violencia en represalia contra civiles cuando el control de una zona cambió de manos”, citando una “matanza que dejó miles de muertos” tras la toma de El Fasher, capital de Darfur Norte, y de los campamentos de desplazados cercanos por parte de las RSF en octubre.
Turk ha advertido de que estos episodios “equivalen a crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad”, con “asesinatos, violaciones, secuestros y torturas, también en las rutas de escape, con cuerpos apilados en los arcenes”.
“Advertí muchas veces de los riesgos en El Fasher, pero no se evitó la matanza. Mientras el epicentro de la guerra gira a la región de Kordofán, me preocupa mucho que estos crímenes puedan repetirse, ya que hay patrones de brutalidad atroz y implacable”, ha señalado.
Impacto sobre la población más vulnerable y crítica a los beneficiados por la guerra
Durante su intervención, Turk ha subrayado que el conflicto “está golpeando más duro a los que menos pueden soportarla”. Ha descrito como “desgarradora” la situación de las personas con discapacidad, cuyo número aumenta con cada ofensiva, y que se ven obligadas a huir sin apoyo, sin acceso a alimentos, atención sanitaria ni refugio, sufriendo además acoso constante.
Ha denunciado igualmente que “los ataques selectivos contra personal sanitario y humanitario, convoyes humanitarios y suministros alimentarios, todos ellos protegidos por el Derecho Internacional, están truncando los últimos recursos vitales y agravando una de las crisis humanitarias más graves del mundo”, recordando que “trece millones de niños no asisten a las aulas, ya que las escuelas son bombardeadas, convertidas para uso militar o cerradas”.
El alto comisionado ha expresado su “profunda” preocupación por la creciente militarización de la sociedad, “incluido el reclutamiento de niños y jóvenes para participar en hostilidades”, una “lacra” que, ha insistido, debe terminar. También ha alertado de que “el discurso de odio y la retórica deshumanizante están desgarrando las entrañas de comunidades ya fragmentadas”.
En este contexto, Turk ha remarcado que “no puede más que preguntarse cómo los que se benefician de esta locura, dentro y fuera del país, pueden dormir por la noche”. Ha avisado de que “si gran parte de la comunidad internacional continúa actuando como un espectador pasivo, entonces algo está fundamentalmente mal con nuestra brújula moral colectiva”.
Llamamiento a un embargo de armas y a la presión diplomática
El responsable de Derechos Humanos ha reclamado a todas las partes en conflicto “que prioricen a su pueblo y a su país” y ha exigido que “todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles deben cesar de inmediato”. Ha pedido asimismo a los Estados que “presionen a las partes para que cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, protejan a los civiles y garanticen la entrega sin trabas de la ayuda humanitaria”.
En esta línea, ha instado a “que se aplique el embargo de armas y se impida el suministro de armas a Sudán”. “Esta es una guerra de alta tecnología apoyada por patrocinadores extranjeros. Debemos revertir esta situación: permitir la entrada de ayuda y mantener las armas fuera”, ha defendido.
Turk ha denunciado que “la guerra nunca es un caos total; sigue su propia lógica: la lógica del lucro para quienes la libran y para quienes se benefician de ella en una lucha indirecta por los recursos. Lo que estamos viendo es el agravio de muchos, impulsado por la codicia de unos pocos”, y ha reclamado “una mayor presión diplomática” para lograr “una tregua humanitaria que conduzca a un alto el fuego permanente”.
Un conflicto que hunde la transición política y agrava la crisis humanitaria
La guerra civil en Sudán estalló por las profundas discrepancias sobre la integración de las RSF en el Ejército regular, lo que descarriló la transición abierta tras la caída en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya seriamente dañada después del golpe que forzó la salida en 2021 del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, alimentado por la implicación de varios países que respaldan a los distintos bandos, ha colocado a Sudán entre las mayores emergencias humanitarias del planeta, con millones de desplazados internos y refugiados, y una creciente preocupación internacional por la expansión de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, que impide atender a cientos de miles de personas afectadas.