El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, ha arremetido con firmeza contra la decisión de las autoridades rusas de catalogar como "extremista" a la ONG Memorial, en lo que considera una nueva vuelta de tuerca en la represión contra la sociedad civil y la libertad de expresión en Rusia.
Türk ha expresado su "consternación" ante la medida adoptada contra una de las entidades de derechos humanos más antiguas del país, advirtiendo de que, en la práctica, equivale a criminalizar la defensa de las libertades fundamentales.
"Estoy horrorizado por la designación por parte de las autoridades rusas de Memorial, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y destacadas del país, como organización 'extremista', lo que en la práctica criminaliza el trabajo crítico en materia de derechos humanos", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.
El responsable de la ONU ha remarcado que este paso no es un episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio en el que las autoridades rusas recurren a la legislación antiextremismo para perseguir a individuos y colectivos mediante cargos vagos que los relacionan con supuestos "movimientos" extremistas.
El alto comisionado ha vinculado igualmente este caso con recientes presiones contra medios independientes, como el registro del diario 'Novaya Gazeta' y la detención del periodista Oleg Roldugin, hechos que, a su entender, reflejan una "continua represión del espacio cívico, la libertad de expresión y de asociación" y una ofensiva sostenida contra las voces críticas con el Kremlin.
Türk ha urgido a las autoridades rusas a respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y ha reclamado que se anule de inmediato la decisión contra Memorial, pidiendo además que ninguna persona sea objeto de procesos penales o administrativos por ejercer derechos como la libertad de expresión o la asociación pacífica.
HRW alerta de un proceso "ilegal e infundado"
En paralelo, la organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un comunicado que el fallo del Tribunal Supremo ruso del 9 de abril de 2026, por el que se declara "extremista" a Memorial, constituye una "escalada dramática" en los intentos del Kremlin de desmantelar las iniciativas de defensa de los derechos humanos, fruto de un procedimiento que califica de "ilegal".
La ONG subraya que esta designación implica la prohibición absoluta de cualquier actividad relacionada con Memorial, bajo la amenaza de largas penas de prisión, dentro de un entramado normativo cada vez más restrictivo.
En este contexto, el director para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson, ha instado a las autoridades rusas a revertir la medida y a respaldar, en lugar de desmantelar, a la sociedad civil: "Las autoridades rusas deberían levantar esta designación punitiva contra Memorial y apoyar a la sociedad civil, en lugar de intentar desmantelarla", ha afirmado.
Según detalla HRW, el proceso judicial que culminó en la prohibición de la ONG se tramitó con celeridad y a puerta cerrada, con el expediente clasificado como "alto secreto" y sin que se permitiera la participación de los abogados de la organización, algo que sus representantes han descrito como un procedimiento "ilegal e infundado".
El Tribunal Supremo ruso ha defendido su decisión alegando que las actividades de Memorial eran "abiertamente antirrusas" y buscaban "destruir los cimientos del Estado ruso", socavar su integridad territorial y minar sus valores históricos y culturales, acusaciones que la ONG rechaza tajantemente.
Memorial, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022, ya había sido disuelta en Rusia en 2021 por supuestas vulneraciones de la normativa sobre "agentes extranjeros", una resolución que posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró contraria al derecho de asociación.
Tanto la ONU como HRW coinciden en que esta nueva designación supone otro golpe a la ya debilitada sociedad civil rusa, en un clima de represión creciente en el que otras organizaciones internacionales de derechos humanos también han sido vetadas o sometidas a fuertes restricciones en el país.