Naciones Unidas ha valorado positivamente las recientes condenas impuestas a varios militares cameruneses por su implicación en una matanza de civiles ocurrida en 2020 en una zona de mayoría anglófona del país. Sin embargo, el organismo internacional ha mostrado su preocupación porque ningún responsable de alto rango haya sido llevado ante la Justicia y ha reiterado la necesidad de una “rendición de cuentas” a lo largo de toda la cadena de mando del Ejército de Camerún.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que “Es alentador que se hayan pronunciado sentencias relacionadas con la masacre de Ngarbuh, aunque hayan llegado seis años después de los asesinatos”. A renglón seguido, ha lamentado que “Lamentamos que ningún oficial de alto rango haya sido juzgado”.
En esta misma línea, ha recalcado que “Todos los responsables, incluidos aquellos con responsabilidad de mando, deben rendir cuentas”, insistiendo en que “una paz duradera exige verdad, justicia y reparaciones para las víctimas, incluida una rendición de cuentas acorde con la gravedad de los asesinatos”.
La semana pasada, un tribunal de Camerún impuso distintas penas de prisión a cuatro soldados acusados de participar en la matanza de 22 personas, entre ellas trece menores, en la localidad de Ngarbuh, situada en la Región Noroeste. Estas sentencias llegaron después de que el propio Gobierno camerunés admitiera meses más tarde la implicación de efectivos militares en los hechos y reconociera que los sospechosos trataron de destruir o manipular pruebas para encubrir lo sucedido.
Las regiones anglófonas del Noroeste y Suroeste de Camerún, antiguamente integradas en colonias británicas en África antes de optar por unirse al Camerún de herencia francesa, viven desde hace años sumidas en un grave conflicto. La crisis se intensificó tras la represión de las movilizaciones separatistas que siguieron a la proclamación unilateral de independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.
Desde aquel momento, se ha multiplicado el número de grupos armados y el respaldo social al secesionismo, que hasta entonces era relativamente limitado, ha ido en aumento. La respuesta de las autoridades ha sido una fuerte ofensiva de seguridad, durante la cual diversas organizaciones de Derechos Humanos han denunciado a las fuerzas de seguridad por la comisión de graves abusos y posibles atrocidades contra la población civil.