La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido este martes sobre la “expansión” de las pandillas en Haití más allá de la capital, y ha contabilizado 5.519 fallecidos a causa de los actos violentos de estos grupos armados y de las operaciones emprendidas contra ellos por fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026.
“Al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas en Haití entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026”, ha indicado la Oficina, basándose en un informe que atribuye 1.424 muertos y 790 heridos a las pandillas, 3.497 muertos y 1.742 heridos a las intervenciones de las fuerzas de seguridad contra ellas, y 598 muertos y 76 heridos a las acciones de grupos de autodefensa.
La inseguridad en el país caribeño se ha agravado por la ampliación del radio de acción de las pandillas fuera de Puerto Príncipe. El documento detalla que estos grupos han logrado “fortificar corredores estratégicos y mantener el dominio sobre rutas marítimas y terrestres cruciales que sustentan su financiamiento y capacidad operativa”, mientras cometen asesinatos, secuestros, tráfico de menores, robos y extorsiones.
La Oficina ha recalcado igualmente que estas bandas armadas “continuaron utilizando la violencia sexual para sembrar el miedo, subyugar y castigar a la población”, señalando al menos 1.571 mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, en su mayoría violaciones múltiples. Otras, incluidas menores de edad, fueron forzadas a mantener las denominadas “relaciones sentimentales” con integrantes de pandillas y sometidas a explotación y abusos sexuales prolongados.
El informe también recoge episodios de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, con 247 casos de ejecuciones sumarias, de las que 196 se habrían consumado.
Asimismo, el organismo ha llamado la atención sobre la implicación de una empresa militar privada en operaciones de seguridad, incluidas acciones con drones y disparos desde helicópteros, muchas de las cuales, según la Oficina, podrían calificarse como asesinatos selectivos.
“No parece que las autoridades judiciales hayan abierto ninguna investigación para establecer la legalidad de estas operaciones y las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos y las lesiones”, recoge el informe, que añade que “no parece haberse establecido ningún mecanismo de rendición de cuentas que permita a las víctimas y a la población acceder a recursos efectivos y a la justicia”.
Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos pone el acento en la violencia ejercida por grupos de autodefensa y turbas que practican la llamada “justicia popular” y que, armados con piedras, machetes y armas de fuego de alto calibre, han linchado a personas sospechosas de pertenecer a pandillas o de haber cometido delitos. “Algunos asesinatos fueron presuntamente alentados, apoyados o facilitados por elementos policiales”, indica el texto.
Ante este escenario, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha subrayado que resulta “esencial que las autoridades garanticen la seguridad respetando plenamente los derechos humanos”.
Avances limitados en el ámbito judicial
Pese a la gravedad de la situación, el informe reconoce ciertos progresos en materia de Justicia con la creación de dos unidades judiciales especializadas para juzgar crímenes masivos, entre ellos los de violencia sexual. “Sin embargo, el progreso judicial en casos de corrupción y financiación de bandas criminales sigue siendo limitado”, y “la impunidad por violaciones y abusos de los Derechos Humanos continúa prevaleciendo”, lamenta el documento.
La Oficina de Derechos Humanos destaca igualmente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de establecer la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP), sometida a un estricto mecanismo de supervisión destinado a prevenir, investigar, abordar e informar públicamente sobre posibles violaciones de Derechos Humanos cometidas por su personal.
No obstante, Türk ha advertido de que la FRP “solo podrá ser eficaz a largo plazo si se intensifican los esfuerzos para identificar, detener, investigar y enjuiciar, de conformidad con las normas internacionales, a quienes financian, organizan y apoyan las actividades de las pandillas”. “Asimismo, es fundamental adoptar medidas para reducir las grandes disparidades socioeconómicas en Haití, como parte de un proceso más amplio para restablecer la cohesión social”, ha añadido.