El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha cuestionado que los recientes decretos firmados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, relativos al estado de conmoción externa sigan sin hacerse públicos, lo que, según ha advertido, los “protege del escrutinio y dificulta cualquier evaluación de su compatibilidad con el Derecho Internacional”.
El estado de conmoción externa figura en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela y puede ser declarado ante un conflicto externo que amenace la seguridad del país, de su población o de sus instituciones.
Este mecanismo concede al Ejecutivo facultades excepcionales para desplegar fuerzas armadas, limitar libertades civiles y ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación. El Gobierno de Caracas ha defendido su aplicación en un contexto de crecientes tensiones regionales por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico y por el temor a una eventual intervención estadounidense en territorio venezolano.
Turk ha mostrado inquietud por “el impacto que la intensificación de la presión militar estadounidense tendrá sobre los Derechos Humanos” y ha reiterado su llamamiento a Washington para que “utilice métodos de aplicación de la ley establecidos para contrarrestar el grave problema del tráfico ilícito de drogas”.
“La historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la confrontación se intensifica, a menudo son las personas comunes quienes quedan atrapadas en el fuego cruzado. No los criminales ni quienes ostentan el poder, sino la gente común”, ha manifestado.
Del mismo modo, ha pedido a los países que reciben a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana que “garanticen su protección internacional, dada la precaria situación de los Derechos Humanos en el país”.
INTENSIFICACIÓN DE LA “REPRESIÓN DEL ESPACIO CÍVICO”
Turk ha remarcado igualmente que “la represión del espacio cívico se ha intensificado” en los últimos meses en Venezuela. “La vida pública se está militarizando aún más, lo que aumenta el riesgo de violencia en una sociedad que ya enfrenta altos niveles de delincuencia”, ha señalado en un comunicado.
En este sentido, ha indicado que su oficina “ha recibido denuncias de alistamiento forzado, incluso de adolescentes y personas mayores”. “Igualmente impactantes son los relatos de que las autoridades animan a la gente a denunciar a sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo a través de una aplicación móvil patrocinada por el Estado. Estas políticas generan miedo, desconfianza y autocensura”, ha añadido.
También ha denunciado que periodistas, activistas de Derechos Humanos, dirigentes opositores y trabajadores humanitarios continúan “enfrentando amenazas, hostigamiento y el riesgo de detención arbitraria, simplemente por hacer su trabajo”.
“La reciente detención del secretario general del principal sindicato (de Venezuela) envió una señal escalofriante a los trabajadores de todo el país”, ha apuntado, aludiendo al arresto de José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
El Alto Comisionado ha reiterado su alarma por “las condiciones de detención, la persistente falta de alimentos y medicinas y la denegación de visitas familiares”. “Mi oficina ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024”, ha indicado, reclamando que estos hechos se investiguen con “prontitud” y de forma independiente, incluida la muerte del opositor Alfredo Díaz.
“También hemos observado un aumento en el traslado de detenidos a lugares desconocidos, algunos de los cuales equivalen a desapariciones forzadas. En tres centros de detención, Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, se sigue manteniendo a las personas incomunicadas, sin contacto con familiares o abogados, en flagrante violación de sus derechos fundamentales”, ha señalado.
Turk ha denunciado además que las autoridades han incrementado las “represalias” contra familiares de disidentes. “Desde julio, mi oficina ha documentado la detención de por lo menos 17 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce la suerte y el paradero de otros 12 familiares”, ha precisado.
Aunque ha dicho que ha “tomado nota” de la excarcelación de al menos 51 personas desde su último informe y de que, en paralelo, al menos 23 extranjeros han podido recibir asistencia consular, ha reclamado la puesta en libertad de quienes permanecen detenidos “arbitrariamente”, entre ellos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda. También ha instado a liberar a cuatro menores que continúan privados de libertad.
Asimismo, ha mostrado inquietud por las iniciativas para despojar de la nacionalidad venezolana a determinadas figuras opositoras y ha condenado los asesinatos de varios líderes indígenas en los últimos años, entre ellos Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y, más recientemente, Cesáreo Panapera.