Naciones Unidas ha censurado la decisión del gabinete de seguridad israelí de dar el visto bueno a otros 34 asentamientos en Cisjordania y ha subrayado que esta medida se inscribe en el incremento reciente de la construcción de este tipo de infraestructuras, “extendiendo y consolidando la anexión” de territorio palestino por parte de las autoridades de Israel.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha declarado “gravemente preocupado” por estos hechos y ha destacado que esta cifra supondría “la mayor aprobada de un solo golpe”, de acuerdo con un comunicado difundido por su oficina en redes sociales.
“Esto continúa la marcada tendencia al alza de la construcción ilegal de asentamientos, que extiende y consolida la anexión israelí del territorio palestino ocupado”, ha alertado, insistiendo en que el Ejecutivo israelí tiene la obligación de frenar estas prácticas.
“Israel debe cesar de inmediato el establecimiento y la expansión de asentamientos, y revertir sus políticas de asentamiento evacuando a todos los colonos y poniendo fin a la ocupación del territorio palestino”, ha remachado Turk.
La Comisión contra el Muro y los Asentamientos, junto con organizaciones de Derechos Humanos como Yesh Din y Peace Now, hicieron público la semana pasada que el gabinete de seguridad de Israel había autorizado la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania. Según el diario israelí ‘The Times of Israel’, la resolución se habría adoptado en una reunión celebrada hace varias semanas, aunque el Gobierno aún no ha confirmado oficialmente este paso.
De materializarse, la decisión elevaría a 103 el número total de asentamientos levantados o regularizados desde la llegada al poder del actual Ejecutivo en diciembre de 2022, una cifra muy superior a los seis asentamientos aprobados por las autoridades en los 30 años anteriores, según el mismo medio.
El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados. Sin embargo, el Gobierno israelí distingue entre los que cuentan con su autorización y los que no, y solo reconoce como contrarios a la ley estos últimos, pese a las reiteradas críticas de la comunidad internacional y a los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en esta materia.