Un reciente informe de Naciones Unidas sostiene que "hay motivos razonables" para considerar que las leyes, políticas y prácticas "discriminatorias" aplicadas por Israel a la población palestina en Cisjordania persiguen un objetivo "permanente": consolidar su dominio sobre los Territorios Palestinos Ocupados.
El documento, de 40 páginas y difundido este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, concluye que el Ejecutivo israelí estaría vulnerando el Derecho Internacional, en particular el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), que prohíbe expresamente la segregación racial y el apartheid.
Según el informe, estas políticas discriminatorias, dirigidas a negar el "derecho a la autodeterminación" del pueblo palestino, se traducen en un trato desigual en ámbitos clave como la libertad de circulación dentro del territorio o el acceso a recursos esenciales, entre ellos la tierra y el agua.
El texto detalla cómo las autoridades israelíes confiscan y destruyen "ilegalmente" infraestructuras hídricas palestinas y desvían el suministro hacia los asentamientos, obligando a la Autoridad Palestina a adquirir grandes volúmenes de agua a una empresa estatal israelí que la extrae de la Cisjordania ocupada.
Asimismo, el informe subraya que el sistema de justicia militar al que se somete a los palestinos ofrece escasas o nulas garantías en comparación con el derecho civil israelí, que beneficia a los colonos. Durante los procesos penales, se vulneran de forma sistemática los derechos de la población palestina al debido proceso y a un juicio justo, según se recoge en el documento.
El análisis apunta también a que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados se ha deteriorado "drásticamente" desde diciembre de 2022 y se ha agravado aún más desde el 7 de octubre de 2023, con un incremento del uso de la fuerza ilícita, la detención arbitraria y la tortura por parte de Israel, así como una mayor represión de la sociedad civil y restricciones indebidas a la libertad de prensa.
Este escenario se ve empeorado, además, por la "escalada" de la violencia de los colonos —en numerosos casos "con la aquiescencia, el apoyo y la participación de las fuerzas de seguridad israelíes"— y por la apropiación de miles de hectáreas de tierras palestinas, destinadas en su mayoría a la expansión de nuevos asentamientos.
El informe recoge igualmente "asesinatos ilegales y otras formas de violencia estatal y de ocupación". Como ejemplo, menciona la muerte de un niño de diez años el 28 de enero de 2025, alcanzado por disparos en el abdomen efectuados por tropas israelíes, así como el fallecimiento, en circunstancias similares, de una mujer embarazada de ocho meses, de 23 años, por presuntamente "mirar con recelo al suelo".
El documento destaca que la violencia "endémica" ejercida por las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos queda prácticamente impune. De más de 1.500 palestinos asesinados entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2025, las autoridades israelíes solo han abierto 112 investigaciones, que han desembocado en una única condena, de acuerdo con los datos recopilados.
"Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania", ha señalado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien remarca que esta realidad afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde acudir a la escuela o al hospital hasta actividades como recoger aceitunas.
Turk advierte además de que "esta a es una forma particularmente grave de discriminación racial y segregación, similar a un tipo de sistema de apartheid que ya hemos visto antes". "Todas las tendencias negativas documentadas en el informe no solo han continuado, sino que se han acelerado", ha añadido.
El Alto Comisionado denuncia también que miles de palestinos permanecen detenidos arbitrariamente por las autoridades israelíes, en su mayoría bajo régimen de "detención administrativa", sin cargos formales ni juicio. Por este motivo, insta a Israel a "derogar todas las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación sistémica contra los palestinos por motivos de raza, religión o etnia".
"Pido a las autoridades que pongan fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo el desmantelamiento de todos los asentamientos y la desocupación de todos los colonos, y a respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", ha concluido Turk.