Naciones Unidas ha instado al Gobierno iraní a poner fin a la “brutal represión” de las protestas y a “escuchar” las reivindicaciones “legítimas” de la ciudadanía, con el fin de adoptar “medidas efectivas” que atiendan sus peticiones y asegurar mecanismos de rendición de cuentas por la “represión violenta” de las movilizaciones, que ha provocado miles de muertos.
Thameen al Kheetan, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, subraya en una entrevista con Europa Press que la línea dura contra los manifestantes “no resuelve ninguno de los problemas” y alerta de que “la represión solo puede incrementar las violaciones de los Derechos Humanos, la inestabilidad y el derramamiento de sangre”.
El portavoz recuerda que “hemos visto cómo la gente se ha echado a las calles para expresar su frustración, su ira, por su situación económica. Sus demandas han evolucionado de forma natural para incluir también reformas del sistema político y de la situación de los Derechos Humanos”, recalcando que se trata de “demandas legítimas”. “Las autoridades deben escuchar a la población y adoptar medidas efectivas”, insiste.
En este sentido, enfatiza que “lo primero de todo” es “poner fin a la brutal represión”, a lo que debería seguir “una liberación de los detenidos de forma arbitraria, la imposición de una moratoria a la pena de muerte, el fin del bloqueo a Internet y las comunicaciones, el establecimiento de una rendición de cuentas y, por supuesto, el inicio de reformas”.
Al Kheetan admite que su oficina no dispone de “cifras precisas” sobre las víctimas mortales, pero denuncia los “intentos de las autoridades para deslegitimar a los manifestantes y etiquetarlos de enemigos del Estado, terroristas o agentes extranjeros”, después de que Teherán haya acusado a “terroristas” de ataques destinados a causar víctimas y propiciar una intervención de Estados Unidos.
“No tenemos herramientas suficientes para investigar todas estas afirmaciones, pero no creo que las miles de personas que han muerto sean todos terroristas o enemigos del Estado”, afirma, aludiendo al balance oficial de 3.100 muertos ofrecido por las autoridades iraníes. Al mismo tiempo, recalca que “nada de esto justificaría el recurrir a un uso de la fuerza excesivo, desproporcionado e innecesario”.
Recuerda además que “las obligaciones del Gobierno a la hora de garantizar el debido proceso e investigaciones transparentes son las mismas, sean disturbios o no”, y señala que los datos disponibles apuntan a “miles” de fallecidos, entre ellos “cientos” de agentes de las fuerzas de seguridad. Por ello, subraya que “es necesaria transparencia para entender lo que está pasando y que haya un escrutinio público sobre las acciones de las autoridades”.
Preocupación por posibles ejecuciones y uso de la pena de muerte
En su conversación con Europa Press, Al Kheetan menciona también las “declaraciones contradictorias” sobre la eventual ejecución de detenidos, después de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, negara que se fuera a aplicar la pena capital a los manifestantes y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que habría frenado el ajusticiamiento de más de 800 personas, algo desmentido por Teherán.
“Hay altos cargos del aparato judicial que amenazaron a los manifestantes con cargos que acarrean la pena de muerte de forma obligatoria”, expone, calificando esta situación de “preocupante” y recordando que “Irán es uno de los Estados del mundo que más ejecuciones llevan a cabo, con al menos 1.500 el año pasado, según los datos disponibles”, una cifra que supondría “un 50% más” que en 2024.
En esta línea, trae a colación la petición de Turk para implantar una moratoria a la pena de muerte, una reclamación que su oficina “pide desde hace mucho tiempo” como “primer paso” hacia “una abolición total de la pena capital”, y reclama a Teherán que “interactúe con todas las partes del ecosistema de Derechos Humanos de la ONU”.
Al Kheetan solicita a Irán “cooperación total” con la oficina del Alto Comisionado y con la misión internacional independiente de investigación, y que permita “acceso total” a los “mecanismos internacionales”. Pese a la ausencia de acceso directo, explica que la oficina “sigue llevando a cabo su trabajo a la hora de supervisar y documentar los acontecimientos y los diferentes tipos de violaciones”. “Seguimos aplicando el mandato global dado al Alto Comisionado para monitorizar la situación”, reitera.
Bloqueo de Internet y restricciones a la información
En este contexto, el portavoz critica el cierre de Internet y recalca que “la gente tiene derecho a comunicarse” y que “un cierre o cualquier limitación al sistema de comunicaciones debe ser aplicado en línea con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
“Debe ser proporcionado, limitado en el tiempo y contar con motivos razonables y lógicos”, apunta, remarcando que “lo que se ha visto es un bloqueo total de Internet y las comunicaciones en general, siendo el más largo registrado en Irán, lo que ha limitado gravemente el acceso a la información y la comunicación”.
“Las personas no han podido hablar entre ellas o con gente fuera del país, por lo que ha sido muy difícil o incluso imposible saber qué está pasando (...) también para los iraníes que viven en Irán”, señala.
Así, insiste en que Teherán “tiene la obligación de respetar el derecho de la población a recibir y difundir información, especialmente en una fase en la que el país atraviesa un momento tan crucial”, y añade que, aunque “hay informaciones que apuntan a que estas limitaciones (...) han sido levantadas muy parcialmente (...), aún no es suficiente”. “Está claro que esta falta de comunicaciones permite que haya más y más violaciones”, alerta.
Efectos de las sanciones y retórica de Trump
Por otro lado, Al Kheetan sostiene que “la comunidad internacional debe dar pasos inmediatos para abordar el impacto de las sanciones sobre los Derechos Humanos de la población iraní”, después de que las autoridades de Teherán hayan culpado a estas medidas de agravar la crisis y deteriorar las condiciones de vida.
“Las sanciones sectoriales, cuando son generalizadas, normalmente no ayudan”, argumenta, y precisa que en estos casos “siempre hemos pedido una revisión y retirada de cualquier sanción sectorial (...) porque vemos que no ayudan a abordar la situación de los Derechos Humanos del pueblo y, de hecho, pueden empeorar la situación de las personas a las que intentamos defender”.
Asimismo, subraya que “la rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos no puede obtenerse a través de la fuerza militar, ya venga de dentro o de fuera de Irán” y añade que “la retórica agresiva y las amenazas son muy contraproducentes en este caso”, en referencia a las advertencias de Trump sobre una posible intervención militar por la represión de las protestas.
“La rendición de cuentas requiere investigaciones adecuadas y acciones judiciales, ya sea a través de la jurisdicción universal o en los tribunales nacionales”, explica, recordando que los tribunales de cada país pueden recurrir a la jurisdicción nacional para “procesar a violadores de los Derechos Humanos por crímenes internacionales graves cometidos fuera de sus países”.
“Esperamos que las autoridades iraníes actúen y que el sistema judicial iraní pueda lograr justicia y rendición de cuentas por las violaciones que han tenido lugar. Si esto fuera imposible, la jurisdicción universal es también una opción”, concluye, reiterando su llamamiento al Gobierno para que afronte las denuncias por vulneraciones de los Derechos Humanos.