La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reclamado este martes que la rendición de cuentas abarque la totalidad del territorio sirio, después de una misión de cinco días a la gobernación de Hasaka, en el noreste del país, donde se ha constatado un “número significativo” de violaciones de Derechos Humanos, también en centros de detención que estaban bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).
“La rendición de cuentas debe extenderse también a todas las partes que han cometido graves violaciones y abusos en Siria, antes y durante la guerra”, ha subrayado el portavoz del organismo, Thameen al Kheetan, en un comunicado en el que detalla el desplazamiento del personal a Hasaka, “donde recibieron testimonios directos y relatos de violaciones y abusos de Derechos Humanos”.
Al Kheetan ha recalcado que se trata de hechos “tanto pasados como presentes”, entre ellos “un número significativo de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y deportaciones de detenidos”, además del descubrimiento en marzo de tres fosas comunes en esta gobernación, “una de ellas dentro de un antiguo centro de detención operado por” las fuerzas kurdo-árabes.
“Nuestro equipo también escuchó testimonios de familiares de personas desaparecidas, incluyendo niños y mujeres, quienes informaron que sus seres queridos desaparecieron mientras estaban detenidos por las FDS o las fuerzas de la coalición internacional”, ha añadido el portavoz.
En esta línea, ha alertado de que “muchos” de los presos entregados por la coalición internacional contra Estado Islámico a Irak “no tengan acceso a sus familias ni a representación legal”. Ha insistido en que “las garantías procesales, incluidas las relativas a su traslado a otro país o autoridad de detención, el principio de no devolución y el derecho a un juicio justo para quienes sean sospechosos de delitos, deben respetarse plenamente, independientemente de su nacionalidad”, recordando que una parte importante de los 7.000 detenidos por su presunta relación con la organización yihadista y enviados a cárceles iraquíes son ciudadanos sirios.
Al mismo tiempo, la Oficina del Alto Comisionado ha valorado de forma positiva la reciente apertura en Damasco del juicio contra el expresidente sirio Bashar al Assad y varios altos cargos de su entorno —pese a que la mayoría siguen huidos de la justicia—, al que ha definido como un “importante primer paso”. “Es fundamental lograr justicia y reparación para los cientos de miles de víctimas, de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos”, ha indicado sobre el proceso iniciado este domingo.
“Las desgarradoras escenas de madres desconsoladas llorando en la sala del tribunal evidencian la necesidad de un proceso de justicia transicional centrado en las víctimas. Al Assad, su hermano Maher y todos los juzgados en ausencia deben comparecer ante el tribunal en persona y rendir cuentas por la totalidad de los crímenes y violaciones que han cometido”, ha remachado.
Alarma por arrestos y abusos de Israel en los Altos del Golán sirios
En paralelo, Al Kheetan ha llamado la atención sobre las “crecientes denuncias” procedentes del sur de Siria, en especial de los Altos del Golán ocupados por Israel, donde la “expansión de las operaciones” de las fuerzas israelíes “pone vidas en riesgo”. Según ha denunciado, “se están restringiendo los derechos a la vida familiar y a la privacidad, y los medios de subsistencia, especialmente en las comunidades agrícolas, se han visto gravemente afectados”.
El portavoz ha descrito igualmente “un aumento del acoso y la intimidación, detenciones, interrogatorios, registros domiciliarios y restricciones a la libertad de movimiento” en la gobernación de Quneitra, donde el Ejército israelí ha “instalado puestos de control, registrado viviendas y arrestado y detenido a civiles”.
Al menos 250 personas, incluidos niños, han sido arrestadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Siria desde el derrocamiento de Bashar al Assad a finales de 2024, según las autoridades sirias. Entre ellas figuran alrededor de medio centenar que siguen bajo custodia israelí y varias trasladadas a prisiones en los Altos del Golán, lo que, de acuerdo con la ONU, “suscita preocupación por las detenciones arbitrarias, así como por las desapariciones forzadas en algunos casos, sobre las que aún no se tiene información confirmada acerca de su estatus legal o paradero”.
Naciones Unidas ha expresado también su inquietud por el plan recientemente aprobado por el Gobierno de Benjamin Netanyahu “para expandir los asentamientos ilegales en los Altos del Golán sirios ocupados, con planes, según informes, para traer a 3.000 nuevas familias israelíes como colonos a la zona, en violación del Derecho Internacional Humanitario”. Ante ello, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha instado a las autoridades israelíes a poner “fin a todas las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Siria”, a llevar a cabo “investigaciones rápidas e independientes de estas presuntas violaciones” y a detener sus proyectos de “asentamiento” en los Altos del Golán.