El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha solicitado a la comunidad internacional que adopte medidas urgentes en Sudán, entre ellas un embargo integral de armamento, ante las violaciones de Derechos Humanos registradas en el país africano en el contexto del conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), de carácter paramilitar, y el Ejército sudanés.
“Los sistemas avanzados de armamento utilizados por ambas partes están poniendo en peligro a los civiles dondequiera que se encuentren. Les insto a que presionen para que el embargo de armas sobre Darfur se extienda a todo Sudán”, ha indicado.
Además, Turk ha pedido “fortalecer la resistencia contra las ideologías divisivas y los discurso de odio”; respaldar “a la sociedad civil, los defensores de los Derechos Humanos y los periodistas”, y dar más capacidad de actuación a líderes religiosos y comunitarios para favorecer el diálogo pacífico en el país.
“Todos los Estados con influencia deben hacer todo lo posible para promover esfuerzos de mediación locales, regionales e internacionales y presionar a aquellos que se benefician de esta guerra sin sentido”, ha recalcado, antes de enfatizar que “el pueblo sudanés tiene la llave de una paz sostenible” en Sudán.
El responsable de la ONU ha rememorado que ya se habían emitido avisos sobre las “atrocidades masivas” perpetradas en la ciudad de El Fasher. “Ya habíamos documentado patrones de tales atrocidades en varias ocasiones, incluso durante la ofensiva de RSF para capturar el campamento de desplazados de Zamzam en abril de 2025. La amenaza era clara, pero las advertencias no fueron atendidas”, ha lamentado.
En esta línea, ha insistido en que “la comunidad internacional debe hacerlo mejor”. “Si nos quedamos de brazos cruzados mientras ejércitos y grupos armados cometen crímenes, solo podemos esperar cosas peores”, ha añadido.
Turk ha manifestado igualmente su preocupación por la posibilidad de que estas violaciones y abusos se reproduzcan en la región de Kordofan, ante la escalada de los combates tras la toma de El Fasher por las RSF y la ruptura del cerco en Kadugli y Dilling por parte de las Fuerzas Armadas de Sudán.
“Los ataques con drones por ambas partes continúan, causando decenas de muertos y heridos civiles. Los civiles corren el riesgo de sufrir ejecuciones sumarias, violencia sexual, detención arbitraria y separación familiar”, ha advertido.
90 civiles muertos en dos semanas
La oficina de Turk ha registrado en algo más de dos semanas, hasta el 6 de febrero, la muerte de 90 civiles y al menos 142 heridos a causa de los ataques entre las partes. “Estos ataques afectaron a un convoy del Programa Mundial de Alimentos, mercados, centros de salud y barrios residenciales en Kordofan”, ha señalado.
“Después de casi tres años de este conflicto, mi oficina sigue documentando violaciones flagrantes del Derecho Internacional, sin medidas eficaces para abordarlos o prevenirlos”, ha destacado, pidiendo a los estados que se planteen qué podría haberse hecho para evitar la muerte de miles de civiles en El Fasher y qué harán para impedir que esta situación se replique en otras zonas de Sudán.
Con este objetivo, Turk ha planteado que se asuman “compromisos de no atacar a civiles o zonas residenciales con armas explosivas; medidas para reducir el daño a los civiles o entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria”. También ha reclamado “poner fin a las detenciones arbitrarias; y tratar a las personas privadas de libertad con humanidad y de conformidad con el Derecho Internacional”.
En la misma línea, ha reclamado que las partes “poner fin a los ataques contra la infraestructura civil”, incluidos los ataques contra instalaciones críticas como la presa de Merowe y la central hidroeléctrica, que “una vez suministraron el 70% de la electricidad del Sudán”.