Naciones Unidas ha presentado esta semana un balance estremecedor sobre los múltiples focos de violencia que golpean el este de República Democrática del Congo. El choque principal entre el Ejército y las milicias del M23 en la región de Kivu eclipsa la actuación de otros grupos armados en provincias vecinas como Ituri, con consecuencias como 1.300 personas asesinadas en ejecuciones sumarias y casi 1.500 desaparecidas en los últimos cinco meses.
La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Nada Al Nashif, ha explicado que su oficina ha registrado en este periodo alrededor de 600 episodios de ejecuciones sumarias colectivas y unos 1.200 incidentes de violencia física, “incluyendo tortura, violación y otros tratos inhumanos”.
El recurso sistemático a la violación como herramienta de guerra sigue creciendo. Durante los meses analizados, la ONU ha identificado 450 víctimas de violencia sexual y de género, en un contexto de “escalada de la violencia sexual contra la infancia”.
En cuanto a los responsables, Naciones Unidas señala sobre todo a tres actores: el M23, las milicias progubernamentales conocidas como wazalendos que combaten contra ellos, y las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico. Este último grupo, que desde hace años aterroriza a la población de Ituri, ha afianzado desde finales del año pasado la expansión de sus operaciones hacia Kivu Norte y Tshopo, dejando más de 260 asesinatos, miles de personas desplazadas y una estructura de esclavitud sexual en la que las menores son el principal objetivo.
La organización internacional también responsabiliza a las propias fuerzas de seguridad del Estado congoleño, a las que atribuye más de una cuarta parte de las vulneraciones de Derechos Humanos documentadas y uno de cada tres casos de violencia sexual.
Las consecuencias del enfrentamiento entre el M23 y el Ejército se evidencian cada vez que cambian las líneas de control. Tras la salida del M23 a comienzos de año de la estratégica localidad de Uvira, en Kivu Sur, los equipos de la ONU localizaron varias fosas comunes en los alrededores que podrían contener más de 200 cuerpos.
REDUCCIÓN DEL ESPACIO CÍVICO
Mientras tanto, los intentos de la comunidad internacional por frenar la guerra chocan con un espacio cívico cada vez más restringido, a medida que el presidente congoleño, Félix Tshishekedi, incrementa la presión sobre activistas y disidentes.
“Periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política se enfrentan a la intimidación, el acoso y la detención arbitraria”, ha denunciado la Alta Comisionada Adjunta. “Entre octubre y febrero del año pasado, 42 miembros de la oposición fueron arrestados por expresar sus opiniones. Se desconoce el paradero de algunos, lo que podría constituir una desaparición forzada”, ha señalado.
Además, desde octubre, el Consejo Nacional de Ciberdefensa “ha detenido arbitrariamente a 82 personas, principalmente opositores políticos, profesionales de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos”, de las cuales “muchos permanecen incomunicados en lugares no oficiales, incluyendo domicilios particulares, y se les niega el acceso a asistencia legal, en medio de casos documentados de tortura y otros malos tratos”.