La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados ha instado a Israel a dar marcha atrás en su decisión de cancelar, a partir del 1 de enero, las licencias de hasta 37 ONG por no ajustarse a los requisitos de la nueva normativa de registro.
“La ONU y sus socios instan a las autoridades israelíes a que reconsideren el anuncio de hoy sobre las ONG internacionales, que son parte esencial de la operación humanitaria vital en los Territorios Palestinos Ocupados”, ha señalado el organismo en un escueto comunicado.
La decisión, comunicada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, establece que estas organizaciones, entre las que figuran Médicos sin Fronteras (MSF) y Oxfam, deberán completar el cierre de sus actividades en el país antes del 1 de marzo.
Previamente, las autoridades israelíes habían exigido a las ONG que, en un plazo de diez meses, entregaran diversa documentación sobre su estructura y funcionamiento, incluida una relación de la totalidad de su personal. Esta exigencia forma parte de una nueva regulación de registro que faculta a las autoridades a denegar permisos cuando existan sospechas de colaboración con “organizaciones terroristas” designadas como tales por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí responsable de la gestión de los territorios palestinos, ha asegurado en un mensaje difundido en redes sociales que esta medida “no afectará en el futuro al volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza”.
Al mismo tiempo, el COGAT ha acusado a MSF de haberse negado a facilitar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel la lista completa de sus trabajadores, tal y como exigen las nuevas reglas de registro, que contemplan también la posibilidad de rechazar permisos operativos a organizaciones que “promuevan la deslegitimación del Estado de Israel” o cuestionen “su existencia como Estado democrático”.