El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jeremy Laurence, ha reclamado este martes al Ejecutivo de Sri Lanka que adopte “medidas urgentes” de reparación para las víctimas de violencia sexual, un asunto que “sigue sin abordarse” y que ha obligado a miles de supervivientes a convivir con una “impunidad que se alarga en el tiempo”.
En su informe titulado “Lo hemos perdido todo: Incluso la esperanza de obtener justicia”, la oficina de la ONU ha examinado durante los últimos diez años los delitos y abusos sexuales cometidos en el país. El documento concluye que las autoridades deben impulsar reformas “transformadoras” que refuercen la “rendición de cuentas” y permitan cambiar en profundidad las instituciones de seguridad.
“La falta de Justicia y la grave violación de los Derechos Humanos, a las que se suman crímenes de guerra, han creado un legado de impunidad que sigue dando forma a las vidas de muchos supervivientes”, ha señalado Laurence, quien ha recordado que numerosas víctimas de la guerra civil finalizada en 2009 “siguen sufriendo heridas psicológicas”.
El portavoz ha subrayado que la violencia sexual “constituye una grave violación del Derecho Internacional, lo que podría constituir crímenes de guerra o contra la humanidad”. Asimismo, ha remarcado que “Sri Lanka está obligada legalmente, bajo tratados y compromisos internacionales, a prevenir, investigar y perseguir cualquier violación y garantizar la reparación de los supervivientes”.
El texto también describe cómo la militarización ha propiciado un contexto en el que “la violencia de género, incluida la violencia sexual, ha seguido registrándose después del conflicto”. “Más allá de la impactante crueldad de los abusos, como la violación, la mutilación sexual, la degradación pública, (...) muchas mujeres sintieron que estos ataques tenían como objetivo causar un trauma duradero y desintegrar las comunidades”, recoge el informe.
La investigación incorpora relatos de víctimas que sostienen que “la violencia sexual es una tortura que nunca termina”. Además, muchas de ellas se enfrentan al estigma social y este tipo de violencia “afecta a las familias a los hijos nacidos como consecuencia de las violaciones”. “Las comunidades se quedan rotas por el silencio, el miedo y el trauma sin resolver”, añade el documento.
Laurence ha insistido en que el Ejecutivo debe “poner en marcha medidas concretas para reconocer públicamente esta violencia sexual cometida por actores estatales y terceros” y “emitir una disculpa formal”. A su juicio, “es por ello que el reconocimiento, la verdad, la rendición de cuentas y la reparación es de vital importancia para restaurar la dignidad de las víctimas y avanzar hacia la reconciliación”.