La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD), principal coalición opositora, ha advertido que el proyecto de ley de amnistía presentado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, presenta “omisiones graves” y ha reiterado que “una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera”, reclamando de nuevo la liberación “inmediata” de todos los presos políticos.
“El texto presentado excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas”, ha señalado la PUD en un comunicado, en el que también remarca que “la amnistía no es automática” y que “excluye deliberadamente momentos políticos de significación histórica” ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.
En este pronunciamiento, la alianza opositora cuestiona igualmente que, según lo contemplado en el borrador, la ejecución de la amnistía recaería en los mismos poderes públicos e instituciones “que han sido instrumentos de la persecución política”, algo que considera “particularmente preocupante”.
“No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”, ha añadido la plataforma, insistiendo en la excarcelación “sin más dilaciones” de todos los presos políticos y recalcando que “cualquier iniciativa de amnistía debe contribuir al restablecimiento pleno del orden constitucional, a la restitución efectiva de derechos y a la generación de confianza democrática”.
En este contexto, la Plataforma Unitaria ha vuelto a poner sobre la mesa el listado de exigencias difundido el pasado 30 de enero, advirtiendo de que, sin el cumplimiento de estas condiciones, “no será posible avanzar hacia una transición genuina ni hacia una solución política real para el país”.
Dicho documento incluye, además de la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos, el retorno de los exiliados, la anulación de las inhabilitaciones por motivos políticos, el cese de la persecución política, el desmantelamiento del “aparato represivo del régimen” y la “plena restitución” de la libertad de expresión, de los partidos políticos que han sido “despojados” y de la propia Constitución.
Estas demandas se conocen después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara este jueves, por unanimidad y en primera discusión, una esperada ley de amnistía para presos políticos, con la que se pretende dar pasos “decisivos” hacia la paz en el país tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
“El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026”, explicó el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, al término de la votación.
La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada al monitoreo de la situación de los presos políticos, valoró como “positivo” el inicio de la discusión parlamentaria sobre la amnistía, aunque reclamó a las autoridades venezolanas que se difunda “de inmediato” el contenido íntegro del proyecto.
“En buen cristiano: Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”, sostuvo tras conocerse la noticia Gonzalo Himiob, fundador de la ONG, subrayando que hasta ahora solo se ha hecho pública la exposición de motivos de la iniciativa, que deberá pasar todavía por una segunda lectura.
La presidenta encargada de Venezuela anunció esta propuesta y planteó igualmente el cierre de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para transformarlo en un espacio cultural y deportivo.
Sin embargo, colectivos de Derechos Humanos han recordado que en Venezuela siguen vigentes numerosas normas que limitan la labor de las ONG y han advertido de que la ley de amnistía no abarca los delitos cometidos durante los mandatos de Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez.