Varias organizaciones no gubernamentales chilenas han expresado su inquietud ante la decisión del nuevo Ejecutivo encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast de detener el proceso de expropiación de Colonia Dignidad, recinto creado por un exsuboficial nazi que funcionó como centro de detención, tortura y desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Temen que este giro suponga un serio retroceso en las políticas de Derechos Humanos.
La Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad ha subrayado que no se trata de un "ajuste administrativo" ni de una "reconsideración técnica", sino de "un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
"El argumento económico utilizado por el Gobierno resulta inaceptable. No existe una base pública transparente que permita sostener las cifras que se han insinuado. Invocar el coste, sin transparencia ni rigor técnico, no es más que una excusa para encubrir una decisión política ya tomada", ha señalado la entidad, que acusa al Ejecutivo de esconder una resolución ya adoptada.
La ONG ha advertido de que está en juego "la credibilidad del Estado frente a las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional", recalcando que la medida lanza una "señal clara" de que el Gobierno "está dispuesto a retroceder en políticas de Derechos Humanos, incluso en aquellos casos donde existe reconocimiento oficial de crímenes de lesa humanidad y procesos judiciales aún en curso".
En términos similares se ha manifestado Mariela Santana, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y representante de familiares de detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad, quien ha calificado la decisión como "un retroceso grave en materia de Derechos Humanos".
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile también ha advertido de que la determinación del Gobierno "debilita una de las medidas más significativas para resguardar evidencias, asegurar su preservación y garantizar el acceso público a un sitio de memoria de alto valor histórico y judicial".
"Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado imponen obligaciones ineludibles en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, dirigidas tanto a las víctimas como al conjunto de la sociedad", ha añadido el organismo, recordando los compromisos internacionales asumidos por Chile.
Cálculo del coste y controversia legal sobre la expropiación
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha justificado que la paralización de la expropiación de 117 hectáreas de Colonia Dignidad, destinadas a levantar un memorial en recuerdo de las víctimas, obedece a unas cuentas públicas muy tensionadas por la "deuda de arrastre" asociada a proyectos "faraónicos" impulsados por la anterior administración de Gabriel Boric.
"No voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un coste exorbitante cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas", declaró Poduje en una entrevista con el diario 'La Tercera', cifrando el proceso de expropiación de la comunidad agrícola alemana en 47 millones de pesos, monto que las ONG aseguran desconocer y cuya base reclaman que se haga pública.
El ministro ha rechazado que la decisión tenga un trasfondo ideológico. "Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social", afirmó, insistiendo en que con esos recursos el Ejecutivo podría "arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado o mejorar canchas que están abandonadas donde los niños no pueden jugar".
Además del coste calificado de desproporcionado y de las obligaciones financieras del Ministerio, Poduje ha sostenido que, según el artículo 51 de la Ley 16.391, las expropiaciones se limitan a viviendas, equipamientos comunitarios, infraestructuras y remodelaciones urbanas, por lo que ha defendido que su cartera no tendría atribuciones para llevar adelante la operación sobre Colonia Dignidad.
En una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile, Kast ha reconocido que existe "un problema de ajuste fiscal importante", aunque ha matizado que "eso no quiere decir que tengamos que desconocer el sufrimiento que puedan haber tenido muchas personas en Chile".
Cuando el Gobierno de Boric presentó la iniciativa en marzo de 2025, enmarcó el proceso dentro del Decreto Ley 2.186, que habilita la expropiación "por causas de utilidad pública o de interés social o nacional". Ese fue el fundamento jurídico escogido para avanzar en la recuperación del enclave como sitio de memoria.
Colonia Dignidad dispone de un reconocimiento especial desde que en 2016, bajo el mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, fue declarada Monumento Nacional, lo que implica restricciones y obligaciones adicionales para su propietario al tratarse de un "bien de interés público".
Colonia Dignidad, décadas de abusos y colaboración con la dictadura
La Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad fue autorizada por decreto en septiembre de 1961 con la finalidad declarada de "prestar ayuda a la niñez", en particular a menores "huérfanos, vagos y desvalidos". La entidad, dirigida por el exmilitar nazi Paul Schafer, recibió durante años importantes aportes del Estado chileno.
Schafer, que había huido de Alemania tras ser acusado de abusos sexuales contra menores en un orfanato de Siegburg, se instaló en la comuna de Parral, a unos 380 kilómetros al sur de Santiago. Desde allí trasladó a Chile a un grupo de niños llevados desde Alemania sin el consentimiento de sus padres y a varios adultos que emigraron por motivos religiosos, muchos de ellos con vínculos con la Alemania nazi.
De acuerdo con un informe del Archivo Nacional de Chile, Schafer encabezaba una comunidad agrícola en la región del Maule, fuertemente autoritaria y aislada del entorno chileno. La secta, organizada de forma jerárquica, imponía una estricta separación entre hombres y mujeres y también entre padres e hijos, rompiendo lazos familiares.
Los dirigentes de la colonia mantenían un férreo control sobre los miembros y aplicaban castigos severos —incluidos tratamientos con psicofármacos y electroshock administrados en el Hospital de la Colonia— a quienes se apartaban de la disciplina fijada por Schafer, que abusó sexualmente y violó a decenas de niños y jóvenes durante años. Los colonos vivían sometidos a un sistema de premios y castigos y trabajaban en condiciones de esclavitud, sin salario propio.
Con la llegada al poder de Salvador Allende en 1970, Schafer y su círculo comenzaron a relacionarse con la organización paramilitar de ultraderecha Patria y Libertad, participando en acciones violentas contra el Gobierno progresista y colaborando con los preparativos del golpe de Estado de 1973.
Tras el derrocamiento de Allende, el enclave se transformó en un engranaje clave de la represión ejercida por el régimen de Pinochet entre 1973 y 1978. La bodega de almacenamiento de patatas de Colonia Dignidad fue utilizada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para aplicar métodos de tortura similares a los empleados por el nazismo contra prisioneros políticos chilenos.
Con el retorno a la democracia, el Gobierno de Patricio Aylwin trató de disolver la colonia por decreto en 1991, después de hallarse fosas comunes y un amplio arsenal de armas, y llegó a calificar el asentamiento como un "Estado dentro del Estado".
Schafer, conocido como 'El Profesor', fue imputado en 1996 por abusos sexuales contra más de una decena de menores en Colonia Dignidad y logró escapar a Argentina, donde fue detenido en 2005. Posteriormente fue condenado a 30 años de cárcel por violación, torturas, homicidio y tenencia ilegal de armamento. Falleció en prisión en 2010.
En la actualidad, el lugar, rebautizado como Villa Baviera, alberga a unas 300 personas. Parte de sus residentes se opusieron al proceso de expropiación impulsado por Boric. En este espacio conviven antiguos colonos alemanes —muchos de ellos exvíctimas de Schafer— con visitantes, ya que el enclave se ha reconvertido en un complejo turístico que dispone de restaurante, hotel y un gran lago artificial.