La Policía Nacional del Perú (PNP) ha activado un operativo interno de alerta y ha ordenado endurecer los controles en todo el territorio nacional ante la eventual salida del país del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, después de conocerse la presunta apertura de diligencias en su contra.
La medida llega en medio de una intensa polémica por las irregularidades detectadas en la distribución del material electoral durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, que impidieron votar a miles de ciudadanos y obligaron a prolongar la jornada electoral.
Según una orden interna citada por el diario peruano “El Comercio”, la disposición se basa en reportes que apuntan a que se estaría gestionando una orden de detención preliminar por siete días, así como diligencias de registro e incautación de bienes contra Corvetto y otros funcionarios investigados. Estas eventuales actuaciones judiciales no han sido confirmadas de forma oficial hasta ahora.
En este contexto, el jefe del Comando de Operaciones Policiales ordenó la noche del sábado “extremar las medidas de seguridad” en infraestructuras estratégicas como aeropuertos, puertos, terminales terrestres, puestos de control y pasos fronterizos, con un refuerzo visible de agentes.
Paralelamente, se ha instruido a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) para que ejecuten “las acciones pertinentes” dentro de sus ámbitos de actuación. A su vez, la Dirección de Inteligencia deberá redoblar su trabajo, en coordinación con las unidades regionales, con el fin de prevenir “eventuales intentos de evasión o salida del país”.
El documento interno también fija la obligación de reportar de inmediato cualquier hecho relevante que se produzca para su seguimiento. Hasta la fecha, ni la ONPE ni su máximo responsable han ofrecido pronunciamiento alguno sobre estas medidas.
La situación de Corvetto está siendo analizada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que aguarda sus descargos en el marco de una investigación preliminar por la no instalación de mesas de votación y los retrasos generalizados en su apertura, de acuerdo con la misma información.
El jefe del organismo electoral tiene plazo hasta el 24 de abril para presentar sus alegaciones. Después, la JNJ prevé elaborar un informe entre la primera y la segunda semana de mayo, en el que decidirá si corresponde iniciar un procedimiento disciplinario que podría concluir en sanciones como la destitución, la remoción o la absolución.
En paralelo, continúan otras indagaciones. Corvetto, recuerda “El Comercio”, estaba citado el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP en calidad de testigo, pero pidió reprogramar su comparecencia, planteando que se realice de forma virtual y “en un plazo razonable”.
Esta citación se inscribe en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la contratación de la empresa Galaga S.A.C., previamente sancionada por incumplimientos contractuales y nuevamente encargada de la distribución del material electoral en los últimos comicios.