La primera ministra de Perú, Denisse Miralles, ha presentado este martes su dimisión del cargo, apenas 24 horas antes de que el gabinete interino acudiera al Congreso para someterse al voto de confianza, en un momento en el que ella y otros cuatro ministros están bajo investigación por supuestas irregularidades.
En una carta remitida al presidente, José Balcázar, Miralles ha formalizado su “renuncia irrevocable” al puesto, una decisión que adopta “en atención a la solicitud” formulada por la propia Presidencia peruana en esta misma jornada.
La también exministra de Economía ha expresado al jefe del Estado peruano su agradecimiento por “la confianza depositada” en ella cuando fue designada para encabezar el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero y ha recalcado en la misiva que seguirá “poniendo (sus) capacidades y experiencia al servicio del Estado desde donde se requiera y sea más útil para Perú, con la misma dedicación y vocación de servicio que ha guiado (su) trayectoria profesional”.
Desde la Presidencia de Perú han publicado un mensaje en redes sociales en el que agradecen a Miralles “los servicios prestados” al país “en un contexto importante”, recordando que Balcázar llegó al poder tras la censura parlamentaria que forzó la salida de su antecesor, José Jerí, en un nuevo episodio de inestabilidad política e institucional en Perú. En esa misma comunicación oficial, la jefatura del Estado ha añadido que “le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”.
La renuncia de Miralles tiene lugar después de que varias bancadas del Congreso, entre ellas Avanza País y Renovación Popular, anunciaran que votarían en contra del Consejo de Ministros en la sesión de investidura, según informan el diario “La República” y la emisora RPP.
Además de la ya exprimera ministra, los responsables de Justicia, Vivienda, Interior y Educación se encuentran igualmente investigados por distintas irregularidades que, de acuerdo con la prensa peruana, abarcan desde falsificación y colusión agravada hasta genocidio. En el caso concreto de Miralles, las pesquisas apuntan a presuntos delitos ambientales vinculados a su etapa al frente de una agencia de inversión.