El Gobierno de República Democrática de Congo (RDC) ha informado este domingo de que ha cerrado un acuerdo con Estados Unidos para recibir de forma temporal a personas de terceros países deportadas por las autoridades norteamericanas. Según ha precisado Kinshasa, Washington ofrecerá “el apoyo logístico y técnico para esta operación”, lo que supone la incorporación de un nuevo Estado africano a los compromisos impulsados por la Administración de Donald Trump para expulsar a migrantes de distintas nacionalidades.
“El Gobierno de República Democrática de Congo informa a la ciudadanía sobre la implementación, a partir de abril de 2026, de un sistema de acogida temporal para nacionales de terceros países sujetos a los mecanismos de inmigración de Estados Unidos”, ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Comunicación congoleño.
Las autoridades congoleñas han indicado que ya se han completado los preparativos esenciales, “en particular en lo que respecta a la infraestructura de recepción y los procedimientos de apoyo”, y han detallado que estas personas serán alojadas en “lugares designados” ya escogidos y situados “en la ciudad-provincia de Kinshasa para garantizar una supervisión administrativa, de seguridad y humanitaria eficaz”.
El Ejecutivo ha presentado este entendimiento como “parte de sus compromisos internacionales y regionales en materia de protección de los derechos de los migrantes” y ha recalcado que se trata de un país “profundamente marcado por realidades humanitarias y que ya acoge a poblaciones de diversas nacionalidades”.
Al mismo tiempo, el Gobierno de RDC ha asegurado a la población que el presupuesto nacional “no asumirá ninguna carga financiera” y que “el apoyo logístico y técnico para esta operación será proporcionado por el Gobierno de Estados Unidos a través de agencias especializadas en el movimiento de personas a nivel mundial”.
En esta línea, el Ejecutivo ha incidido en que la presencia de los deportados en su territorio “no pretende convertirse en un mecanismo para el asentamiento permanente”, si bien ha puntualizado que “no se prevé ningún traslado automático, y cada situación se evaluará individualmente de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional”.
“El Gobierno conserva el control total sobre las decisiones relativas a la admisión en su territorio, las condiciones de estancia, la supervisión, la revocación del estatus temporal y, cuando corresponda, los mecanismos para el retorno o la expulsión de las personas afectadas, de conformidad con su legislación”, recoge el comunicado, en el que Kinshasa rechaza cualquier “externalización de las políticas migratorias”.
Con este paso, República Democrática de Congo se suma a otros Estados africanos como Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur, que han suscrito acuerdos parecidos para la recepción desde Estados Unidos de nacionales de terceros países expulsados del territorio estadounidense. Sin embargo, estos pactos han generado polémica y han sido cuestionados por organizaciones internacionales como la ONG Human Rights Watch (HRW), que en septiembre de 2025 denunció que las deportaciones desde Estados Unidos a Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur de este tipo habían expuesto a cientos de personas al riesgo de detención arbitraria, malos tratos y devolución, criticando que la “estrategia política estadounidense” en este ámbito “viola el Derecho Internacional”.