El Ejecutivo de la República Democrática del Congo (RDC) ha señalado este lunes al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) como responsable de los sucesivos deslizamientos de tierra registrados en una zona minera de la provincia de Kivu Norte, donde en las últimas semanas han perdido la vida varios cientos de personas.
En un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño ha manifestado su pesar por la “tragedia humana” ocurrida el 7 de marzo en Rubaya, cuando “un deslizamiento masivo de tierra” sepultó varias galerías de una explotación minera situada en el territorio de Masisi.
Según el texto oficial, “las primeras informaciones apuntan a que el deslizamiento tuvo lugar tras lluvias torrenciales y en un contexto de explotación intensa, no controlada e ilegal orquestada por el M23, apoyado por Ruanda, lo que causó la muerte de numerosas personas”, antes de recalcar que “la seguridad en esta región está comprometida por la coalición de agresión y ocupación” entre los rebeldes y Kigali.
El Ministerio ha subrayado que “el acceso a la zona del rama es limitada, lo que impide por ahora fijar un balance preciso de esta catástrofe”, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los allegados de las víctimas y ha remarcado que este yacimiento está catalogado como “una zona roja” por el alto peligro asociado a las tareas de extracción en Rubaya.
Kinshasa ha denunciado igualmente que “el Gobierno subraya que estas actividades forman parte de un sistema organizado y sostenible de explotación ilegal de los recursos naturales de RDC, establecido por el M23, apoyado por Ruanda, para alimentar una economía de guerra”.
En esta línea, el Ejecutivo ha asegurado que “proseguirá los esfuerzos destinados a restablecer la integridad territorial de RDC, condición esencial para poner fin a la explotación ilegal y peligrosa de los recursos naturales y garantizar una supervisión legal y segura de las actividades mineras”, y ha advertido de que llevará ante la Justicia a quienes se lucren con “esta explotación ilegal de minerales”.
Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a tomar nota de “esta tragedia humana”, descrita como “consecuencia directa de la explotación ilegal de los recursos naturales de RDC en una zona bajo ocupación armada”, reiterando que continuará trabajando para “defender su soberanía, proteger la integridad de su territorio y preservar sus recursos naturales”.
Por su parte, el grupo rebelde ha rechazado en anteriores ocasiones las acusaciones formuladas por las autoridades congoleñas por este tipo de sucesos y ha recordado a Kinshasa “sus prolongados fracasos a la hora de gestionar el sector minero” en el país africano, incluidas las áreas que actualmente se encuentran bajo dominio del M23.
El sector minero congoleño ha sido escenario de numerosos accidentes mortales en los últimos años, en gran parte por la ausencia de medidas de seguridad adecuadas y las precarias condiciones laborales, pese a tratarse de una actividad altamente lucrativa que con frecuencia opera al margen de la normativa vigente.