La República Islámica afronta una nueva ola de revueltas contra los ayatolás

La nueva ola de protestas en Irán, desatada por la crisis del rial, se suma a décadas de revueltas sofocadas con violencia por el régimen teocrático.

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Manifestación en Teherán durante la última ola de protestas iraníes Europa Press/Contacto/Social Media

Manifestación en Teherán durante la última ola de protestas iraníes Europa Press/Contacto/Social Media

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El desplome del valor del rial, la divisa iraní, y el consiguiente agravamiento de la crisis económica han encendido en los primeros días de 2026 una nueva oleada de protestas en las principales urbes de Irán, con más de 500 fallecidos. Sin embargo, el país arrastra décadas de movilizaciones populares, sofocadas hasta ahora mediante una represión sistemática por parte de las fuerzas de seguridad.

El actual régimen teocrático se asentó en 1979 tras la revolución que derrocó a la monarquía prooccidental del sah de Persia, responsable de graves persecuciones contra la oposición democrática. Una vez en el poder, los ayatolás mantuvieron y perfeccionaron esa política de represión violenta frente a cualquier disidencia.

Los primeros años del gobierno del clero chií coincidieron con la devastadora guerra frente al Irak de Sadam Huseín, entonces respaldado por Estados Unidos. Tras ocho años de enfrentamientos y alrededor de medio millón de muertos, las autoridades iraníes redirigieron su atención hacia el enemigo interno, incluyendo a antiguos aliados en el conflicto con Irak, como las milicias kurdas del noroeste.

Ese giro hacia la represión interna culminó con la ejecución masiva de entre 3.000 y 30.000 presos, en su mayoría opositores políticos de organizaciones de izquierdas, muchos de ellos figuras clave de la revolución que llevó al ayatolá Ruholá Jomeini al poder.

El siguiente gran episodio de contestación social fueron las protestas estudiantiles de 1999. La reacción del régimen fue el asalto a los colegios mayores de la Universidad de Teherán en la noche del 9 de julio de 1999, una operación en la que murieron tres estudiantes y decenas resultaron apaleados y detenidos.

Lejos de sofocar la tensión, esta ofensiva policial impulsó a miles de estudiantes a ocupar las calles y manifestarse de forma masiva durante varios días en las principales ciudades del país. Aunque las protestas acabaron desinflándose, dejaron tras de sí un germen de oposición interna prácticamente inexistente en la década anterior, diversa en su composición, pero con reivindicaciones compartidas como la separación entre el Estado y el estamento clerical chií y el respeto a las libertades fundamentales, incluida la igualdad entre hombres y mujeres.

Fruto de este nuevo clima político, en 2000 un bloque reformista logró hacerse con el control del Parlamento iraní con la intención de transformar desde dentro la República Islámica, respaldado por el presidente reformista Mohamed Jatamí. La respuesta del poder fue endurecer la legislación, clausurar cabeceras reformistas y lanzar una nueva oleada de detenciones y torturas contra dirigentes opositores. En este contexto cobró un papel central la fuerza basij, una organización de voluntarios armados de carácter ideológico creada para salvaguardar el sistema político iraní.

MOVIMIENTO VERDE EN 2009

La reelección del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en las presidenciales de 2009 desató otra gran ola de protestas, un movimiento por las libertades civiles que se adelantó en un año a la denominada Primavera Árabe y que pasaría a conocerse como Movimiento Verde o Revolución Verde.

Decenas de miles de personas salieron a las calles para denunciar un fraude masivo en la victoria de Ahmadineyad, especialmente en la gran marcha del 25 de junio de 2009, convocada bajo el lema “¿Dónde está mi voto?”. Durante los siete meses siguientes se sucedieron manifestaciones y actos de desobediencia civil, hasta que el 14 de febrero de 2010 una protesta en Teherán en apoyo a la Primavera Árabe fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad.

Los principales dirigentes de este movimiento fueron perseguidos y encarcelados de forma sistemática. Su figura más visible, Mirhosein Musavi, continuó encabezando las reivindicaciones hasta que se decretó su prisión provisional y fue silenciado. Siguiendo el patrón habitual, periodistas, activistas de Derechos Humanos y representantes de minorías también acabaron entre rejas.

En el plano propagandístico, las autoridades iraníes atribuyeron, como vuelven a hacer ahora, la responsabilidad de los disturbios a Estados Unidos e Israel. Algunos activistas exiliados se sumaron al discurso de “cambio de régimen” impulsado por Washington y por la familia real persa, que aspira a restaurar la monarquía. No obstante, la mayoría de los miles de exiliados repartidos entre Europa y Estados Unidos reclaman una transición democrática y rechazan las sanciones estadounidenses, postura que se refuerza a la luz de lo ocurrido en Irak, Libia o Siria.

En diciembre de 2017, una nueva oleada de protestas arrancó en Mashhad, la segunda ciudad del país, alimentada por la inflación y el deterioro acelerado de las condiciones de vida. En apenas diez días, las movilizaciones se extendieron por todo el territorio e irrumpieron por primera vez en pequeñas localidades que habían permanecido al margen de las protestas desde 1979.

Esta vez, y de forma abierta, las multitudes exigían el fin del sistema instaurado tras la Revolución Islámica, con la clase trabajadora liderando una contestación mucho más descentralizada. Entre diciembre y enero fueron arrestadas cientos de personas y decenas murieron por la represión, aunque las cifras nunca han sido confirmadas de manera oficial.

Organizaciones de Derechos Humanos documentaron 41 fallecidos, mientras que las autoridades atribuyeron parte de esas muertes a ataques contra edificios públicos. En otros casos, como los fallecimientos bajo custodia o las muertes sospechosas poco después de ser excarcelados, las versiones oficiales hablaron de sobredosis de drogas o de suicidios.

MUJER, VIDA, LIBERTAD

La muerte bajo custodia de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, de 22 años, se convirtió en el detonante de las protestas de 2022 y 2023. Amini fue detenida en Teherán por agentes de la Patrulla de Orientación, la llamada policía de la moral, cuando caminaba junto a su hermano, acusada de llevar el velo de forma “inadecuada”.

Tres días después, el 16 de septiembre, falleció en un hospital aún bajo custodia, y su entierro en Saqqez, su localidad natal en el Kurdistán iraní, se transformó en un acto de desafío en el que mujeres gritaron el lema “Mujer, vida, libertad” en kurdo y se retiraron el hiyab como gesto de emancipación. La consigna se extendió rápidamente a otras lenguas del país como el persa, el azerí o el baluche.

De este modo surgió el movimiento Mujer, Vida, Libertad, con un marcado carácter feminista y centrado en la exigencia de igualdad de derechos. Al menos 551 personas perdieron la vida y más de 22.000 fueron arrestadas en los meses posteriores de movilizaciones.

Todos estos ciclos de protesta son esenciales para comprender la actual oleada de manifestaciones, que ya deja unos 500 muertos según organizaciones de la sociedad civil, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a más de un millar de víctimas mortales. Por ahora, el sistema político iraní resiste este nuevo embate, que vuelve a poner en primer plano la demanda de democracia, una reivindicación que, junto a la justicia social, estaba en el origen mismo de la revolución de 1979.