La senadora colombiana Aida Quilcué, integrante de la coalición oficialista Pacto Histórico que encabeza el presidente Gustavo Petro, ha denunciado el “exterminio físico y cultural” que sufren las comunidades indígenas, en sus primeras palabras tras el secuestro que sufrió a manos de hombres armados no identificados y su posterior liberación en el departamento del Cauca, en el sur del país.
“Aquí el riesgo no ha sido solo mío, sino para otros senadores, de los jóvenes, de la guardia, comuneros, mujeres y autoridades. Como dijo la Corte Constitucional, estamos ante un exterminio físico y cultural. Y los que seguimos luchando por la vida y la dignidad, estamos en riesgo”, ha señalado, confirmando que tanto ella como los miembros de su esquema de seguridad se encuentran en buen estado.
Quilcué ha celebrado que “ya estamos a salvo” y ha expresado su gratitud al Consejo Regional Indígena y Cauca (CRIC), así como a la Fuerza Pública, por las labores que permitieron su rescate, y por “toda la solidaridad que hoy se movió en Colombia”. “La presión hizo que saliéramos de ahí”, ha manifestado.
Según ha explicado, el rapto se produjo cuando “veníamos desde el municipio de La Plata, Huila, hacia la ciudad de Popayán y fuimos interceptados, llegando al páramo, por hombres armados”. “Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido. Nos dijeron que los acompañáramos, que guardáramos silencio, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes”, ha relatado, antes de apuntar que “nos dimos cuenta de que nos estaban apuntando con las armas y salieron corriendo y nos dejaron solos”.
La parlamentaria, reconocida en 2021 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y elegida senadora con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha indicado que el grupo de hombres “fuertemente” armados nunca se identificó. Quilcué, que también fue consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO, denunció en 2022 haber recibido más de 100 amenazas de muerte. Su marido, Edwin Legarda, falleció en diciembre de 2008 por disparos de militares cuando se dirigía en coche hacia Popayán, en el departamento del Cauca, un hecho que fue repudiado por numerosas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional (AI).
Su relato se conoce poco después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) haya admitido su responsabilidad en el atentado que hace unos días costó la vida a dos escoltas del senador Jairo Castellanos, y haya culpado a su equipo de seguridad por no acatar los controles que mantiene en Arauca para evitar enfrentamientos con otros grupos armados.