Los Veintisiete han dado este lunes luz verde a sanciones contra ocho ciudadanos rusos considerados responsables de violaciones de Derechos Humanos, de la represión contra la sociedad civil y la oposición política, así como de socavar el Estado de derecho y la democracia. Las medidas incluyen la congelación de todos sus bienes en la Unión Europea y la prohibición de entrada en territorio comunitario.
En la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), celebrada este lunes en Bruselas, se ha decidido incorporar a la lista de sanciones por violaciones de Derechos Humanos a dos jueces, un fiscal y un investigador judicial. Todos ellos están vinculados a procesos judiciales de carácter político y fueron responsables de sentencias contra los activistas rusos Dmitry Skurikhin y Oleg Belousov por cargos de motivación política.
Además, los ministros de Exteriores de la UE han acordado sancionar a los directores de los centros penitenciarios y de detención preventiva en los que los presos políticos Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir y Mikhail Kriger, así como la periodista Maria Ponomarenko, estuvieron recluidos en régimen de aislamiento y sometidos a condiciones inhumanas y degradantes tras denunciar la invasión rusa de Ucrania.
Desde este lunes, estas ocho personas quedan sometidas a la congelación de todos sus activos en la UE, y se prohíbe a ciudadanos y empresas comunitarias poner fondos o recursos económicos a su disposición. Igualmente, se les impone una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por el territorio de la Unión, según han detallado los Veintisiete en un comunicado.
“La UE sigue firme en su condena de las violaciones de los Derechos Humanos y la represión en Rusia, y está profundamente preocupada por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, se lee en el texto.
La adopción de estas sanciones llega en un contexto en el que Hungría mantiene bloqueada la aprobación del vigésimo paquete de medidas restrictivas contra Rusia, alegando que Ucrania está obstaculizando por motivos políticos el tránsito de crudo ruso hacia su territorio y que, por ello, Budapest no respaldará nuevas decisiones favorables a Kiev.