El Consejo de la Unión Europea ha informado en la madrugada de este miércoles de un acuerdo político provisional con el Parlamento Europeo para ampliar los supuestos en los que una petición de asilo puede ser rechazada, modificando la definición de “tercer país seguro” con el fin de facilitar la deportación de solicitantes hacia esos Estados.
“Hoy, la Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la legislación de la Unión Europea que revisa el concepto de tercer país seguro y amplía las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible”, ha anunciado en un comunicado difundido en su página web pasada la medianoche.
El texto pactado contempla que los Estados miembros podrán recurrir al concepto de “tercer país seguro” en tres supuestos distintos. Esta figura permite declarar inadmisible una solicitud de protección internacional sin entrar a valorar su fondo cuando se considere que el demandante podía haber pedido y, en caso de cumplir los requisitos, obtenido protección internacional en un país no comunitario considerado seguro para esa persona.
Así, esta base jurídica podrá utilizarse cuando “existe una conexión entre el solicitante de asilo y el tercer país”, si bien dicha conexión “ya no será un criterio obligatorio”.
Del mismo modo, se prevé su aplicación cuando la persona “haya transitado por el tercer país antes de llegar a la Unión Europea” y también cuando haya “un acuerdo o convenio con un tercer país seguro que garantiza que la solicitud de asilo de una persona será examinada en el país no perteneciente a la Unión Europea en cuestión”.
No obstante, ambas instituciones han decidido mantener la excepción vigente por la que el concepto de tercer país seguro no podrá invocarse en este último supuesto cuando se trate de menores no acompañados.
En el comunicado, el ministro danés de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, ha aplaudido haber cerrado esta reforma “en tiempo récord, lo que permite a los Estados miembros llegar a acuerdos con terceros países seguros sobre la tramitación de asilo fuera de Europa”.
El compromiso alcanzado deberá ser ratificado todavía por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de su aprobación definitiva. La entrada en vigor oficial se fija para el 12 de junio de 2026, fecha a partir de la cual las nuevas normas “serán directamente aplicables en los Estados miembros”.