La Unión Europea ha dado luz verde este jueves a su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, un nuevo bloque de medidas que estrecha aún más el cerco sobre la llamada “flota fantasma” rusa, expulsa a más bancos rusos del mercado comunitario y pone en marcha por primera vez un mecanismo específico contra la elusión de sanciones. Sin embargo, la prohibición completa de prestar servicios marítimos al crudo ruso queda en pausa a la espera de una coordinación con el G7.
Tras casi dos meses de bloqueo por parte de Hungría y Eslovaquia, el acuerdo eleva a 632 los buques de la “flota fantasma” rusa sometidos a sanciones, al incluir 46 barcos adicionales. Además, incorpora a 120 personas y entidades a la lista negra de sanciones individuales de la UE, lo que implica la congelación de sus bienes y la prohibición de entrar en territorio comunitario.
La medida más ambiciosa, el veto a los servicios marítimos vinculados al transporte de petróleo ruso y sus derivados, queda de momento congelada. Su activación dependerá de una acción coordinada con el G7 y con la coalición encargada de aplicar el tope al precio del crudo ruso, según ha detallado el Consejo de la UE en un comunicado.
Fuentes comunitarias subrayan que los Veintisiete quieren moverse de forma conjunta, aunque se reservan la posibilidad de actuar incluso sin un consenso pleno de todos los socios del G7, siempre que las condiciones “sean adecuadas”. En estos momentos, consideran que la situación del mercado energético no es la idónea para poner en marcha el veto marítimo.
Si finalmente se aprueba, la prohibición impediría ofrecer a los buques que transporten petróleo ruso servicios como limpieza y mantenimiento, contratación de seguros obligatorios para la navegación o asistencia en operaciones de carga y descarga, entre otros.
Lo que sí han acordado los Estados miembros es un mayor control sobre la venta de petroleros procedentes de la UE, con el objetivo de evitar que terminen siendo utilizados en Rusia. A ello se suma la obligación de incluir una cláusula de “no Rusia” en los contratos de compraventa de barcos desde la UE, para impedir que acaben integrándose en la flota clandestina de Moscú.
Por primera vez, se sanciona también a un puerto de un país tercero, “Karimun Oil Terminal” en Indonesia, junto a los puertos rusos de Múrmansk y Tuapsé, por su papel en la evasión del tope al precio del petróleo. Paralelamente, se vetan los servicios de mantenimiento a buques metaneros y rompehielos rusos, de forma que ninguna empresa de la UE pueda apoyar las exportaciones rusas de Gas Natural Licuado (GNL).
Criptomonedas y nuevas restricciones a bancos
El número de entidades financieras rusas excluidas del mercado europeo se eleva a 70 con la incorporación de 20 nuevos bancos, sujetos a la prohibición de operar con compañías de la UE, salvo en casos muy concretos como determinadas transacciones de carácter humanitario.
El paquete amplía igualmente las restricciones a cuatro bancos de Kirguistán, Laos y Azerbaiyán, señalados por facilitar la evasión de sanciones o por sus vínculos con el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros ruso, la alternativa rusa al sistema SWIFT.
En el ámbito de las criptomonedas, el vigésimo paquete introduce una prohibición total sobre los servicios de criptoactivos rusos, incluyendo las plataformas descentralizadas que puedan utilizarse para esquivar las sanciones.
Asimismo, se vetan las operaciones con intermediarios en Rusia y en países terceros que presten servicios para canalizar pagos internacionales desde Rusia con el objetivo de eludir las restricciones europeas.
Comercio: vetos a exportaciones e importaciones
En el terreno comercial, las nuevas medidas amplían tanto el listado de productos cuya exportación a Rusia queda prohibida como el de bienes rusos que no podrán entrar en la UE. En el capítulo de exportaciones, se bloquea el envío de mercancías valoradas en más de 365 millones de euros, entre las que figuran caucho y tractores, además de nuevas limitaciones sobre explosivos, lubricantes de alto rendimiento, material de laboratorio con posible uso militar y servicios de ciberseguridad.
En cuanto a las importaciones, la UE veta la entrada de determinados metales, productos químicos y minerales rusos que aún no estaban sancionados, por un valor superior a 530 millones de euros, e introduce una cuota a las compras de amoníaco para recortar los ingresos de Rusia en ese sector.
Instrumento antielusión y lucha contra la desinformación
Por primera vez, la UE activa su instrumento de antielusión, diseñado para frenar la reexportación hacia Rusia de bienes europeos a través de terceros países.
El primer país objetivo es Kirguistán, acusado de permitir de forma sistemática y persistente la transferencia a Rusia de maquinaria de control numérico y equipos de telecomunicaciones de origen comunitario, que se emplean en la fabricación de drones y misiles rusos.
El paquete suma 60 nuevas entidades a la lista de aquellas que respaldan el complejo militar-industrial ruso o participan en la elusión de sanciones, de las cuales 28 tienen su sede fuera de Rusia, en Estados como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.
Además, se designa a 58 empresas y personas asociadas vinculadas al desarrollo y producción de armamento ruso, incluidos drones. Entre los señalados figuran proveedores internacionales de tecnología de doble uso radicados en China, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia.
En el frente de la desinformación, el paquete introduce nuevas restricciones contra los denominados “medios espejo”, páginas web que reproducen contenidos de canales de propaganda rusos sancionados, como RT o Sputnik, para esquivar el veto a su emisión en la UE. Sus publicaciones quedarán prohibidas en territorio comunitario, lo que facilitará su bloqueo o retirada de Internet.
También se impide a institutos de investigación, universidades y otras organizaciones europeas aceptar financiación, donaciones o subvenciones del Gobierno ruso en el ámbito de la investigación e innovación.
Por último, el paquete extiende el régimen de sanciones a Bielorrusia en varias disposiciones equiparables a las aplicadas a Rusia, especialmente en comercio, servicios financieros y protección jurídica de los operadores europeos.