La Unión Europea ha manifestado este viernes su profunda inquietud por el empeoramiento de la seguridad en Sudán del Sur, con especial atención al estado de Jonglei, y ha urgido a todas las partes implicadas a ceñirse de nuevo a los compromisos del acuerdo de paz de 2018, recalcando que un cese inmediato de las hostilidades es “la única garantía para la paz y la estabilidad” en el país.
En una nota difundida por el Servicio de Acción Exterior de la UE, el bloque comunitario condena “firmemente” cualquier “discurso incendiario que incite a la violencia contra la población civil” y adelanta que cooperará con la comunidad internacional para “garantizar la justicia y exigir responsabilidades a los autores si fuera necesario”.
El documento subraya además el papel sostenido de la diplomacia europea en el proceso de paz sursudanés, mediante el respaldo a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el apoyo a las instituciones creadas a raíz del pacto de 2018 y el envío de ayuda humanitaria a millones de ciudadanos de Sudán del Sur.
Al mismo tiempo, Bruselas se declara alarmada por “el elevado número de personas desplazadas” y por quienes han quedado sin “atención ni asistencia vital” a raíz del repunte de los enfrentamientos internos, y exige un “acceso humanitario sin restricciones”, el respeto del Derecho Internacional humanitario y “la protección de las instalaciones humanitarias”.
El conflicto en Sudán del Sur se desencadenó en febrero de 2025, cuando la milicia White Army (Ejército Blanco) lanzó una ofensiva contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía, y llegó a tomar la localidad de forma temporal antes de ser expulsada por las fuerzas gubernamentales al mes siguiente.
La escalada llevó a las autoridades a imponer arresto domiciliario al exlíder rebelde Riek Machar, al que acusaron de tramar contra la seguridad del Estado. Su formación política denunció entonces una vulneración del acuerdo de paz y alertó del peligro de una guerra a gran escala si no se procedía a su liberación. Más tarde, Machar fue procesado por cargos de asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad.
Estos acontecimientos desencadenaron un incremento de los combates en diversas zonas del territorio, agravando una crisis que se produce después de que el presidente Salva Kiir aprobara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para prolongar dos años adicionales el periodo de transición. Esta decisión fue duramente cuestionada por la comunidad internacional, que instó a Yuba a avanzar en la plena implementación del acuerdo de paz de 2018, recordando que siguen pendientes compromisos clave, entre ellos la celebración de elecciones.