Los Veintisiete han acordado este lunes prolongar durante un año adicional, hasta el 13 de abril de 2027, el régimen de sanciones que mantienen desde hace quince años contra los responsables de las “graves violaciones de los Derechos Humanos” en Irán.
En la práctica, este marco sancionador supone la prohibición de entrada en territorio comunitario y la congelación de bienes para un total de 262 personas y 53 entidades relacionadas de algún modo con la represión ejercida en el país.
Además, las sanciones contemplan el veto a la exportación a Irán de equipos susceptibles de emplearse en la represión interna, así como de tecnología y material destinados a la vigilancia de las telecomunicaciones. También impiden que ciudadanos y compañías europeas financien o pongan recursos a disposición de los individuos y organizaciones incluidos en la lista negra.
La UE estableció por primera vez este régimen específico en 2011, como respuesta a los abusos y violaciones graves de los Derechos Humanos en Irán, y desde entonces lo ha ido renovando de forma anual.
Desde 2022, tras la dura respuesta de las autoridades iraníes a las protestas desencadenadas por la muerte de la joven Masha Amini bajo custodia de la Policía iraní, la UE ha intensificado “drásticamente” las medidas restrictivas, aprobando sucesivos paquetes de sanciones ante la creciente inquietud por la evolución de la situación, según subraya el Consejo (gobiernos) en un comunicado en el que anuncia la nueva prórroga.